Historia del Partido Comunista de España 1960

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Capítulo segundo
La República

La agudización de la crisis

La resistencia de los gobiernos republicanos a satisfacer las aspiraciones acuciantes de las masas obreras y campesinas fue una de las causas de la intensidad que adquirió en nuestro país la lucha de clases después del 14 de abril; pero a impulsar esa lucha contribuyó además la agudización de la crisis económica mundial que, iniciada en 1929, alcanzó en España su máxima profundidad en 1932 y 1933.

Dos circunstancias vinieron a agravar la crisis y a imprimirla mayor duración:

La primera era el sabotaje de los grandes capitalistas y terratenientes, quienes, a fin de crear dificultades a la República y de golpear al movimiento revolucionario de los trabajadores, sacaban de España sus capitales, cerraban las fábricas y dejaban yermos los campos, arrojando a miles de obreros a la calle.

La segunda era la resistencia del Gobierno republicano a establecer relaciones comerciales con la Unión Soviética, impidiendo con ello que las transacciones con el país del socialismo proporcionasen trabajo a decenas de millares de obreros y mejorasen la situación económica de España.

Con la agudización de la crisis económica, la lucha huelguística cobró gran amplitud. Tuvo especial importancia la huelga general de Sevilla.

En la huelga de Sevilla de julio de 1931 se realizó el Frente Único de comunistas y anarquistas. Durante cuatro días sostuvieron los trabajadores una lucha heroica que tendría ecos solidarios en Dos Hermanas, Utrera, Coria del Río, La Campana, Morón de la Frontera y otras localidades de la provincia. Y, a despecho de las medidas represivas de las autoridades republicanas, que tuvieron su expresión más brutal en el cañoneo de la Casa de Cornelio, en donde se reunían los comunistas, y en la aplicación de la «ley de fugas» a cuatro comunistas en el Parque de María Luisa, la huelga de Sevilla fue el punto de arranque de una poderosa ola de luchas populares, que alcanzó su máxima altura en la huelga general del 25 y 26 de enero de 1932 contra el peligro reaccionario y en las de febrero del mismo año contra las deportaciones de [72] obreros revolucionarios a Guinea. Al cabo de pocos meses, a partir de la segunda mitad de 1932, se iniciaba una nueva oleada de luchas, que fue ganando velocidad y altura de mes en mes y cuyos jalones más importantes fueron la huelga general de Granada, las tres huelgas de los mineros asturianos, las metalúrgicas de Valencia y La Felguera, la huelga general de Sevilla y la de Salamanca, que abarcó a doscientos pueblos de la provincia.

El campo comenzó a agitarse desde el otoño de 1931. Labradores de Corral de Almaguer se apoderaban del pueblo decididos a repartirse las tierras de los absentistas; un amplio movimiento de los arrendatarios contra la «rabassa morta» tenía por escenario las tierras catalanas; labriegos y jornaleros parcelaban fincas en Sagunto, Ojén y otros lugares, izaban la bandera roja en Almerche, se repartían tierras en los pueblos de Cáceres, se amotinaban en Villa de Don Fadrique, en Sarpagudo y Villanueva de Córdoba, en Dos Hermanas y Parla, en el Pedroso y Granja de Torrehermosa; se manifestaban en Gabia Grande o iban a la huelga en Badajoz, Toledo, Andújar, Doña Mencia, Gilena y otros muchos lugares.

A fines de 1932 y comienzos de 1933 el movimiento campesino desembocaba ya en una revolución agraria que impresionaba por su magnitud. Las provincias extremeñas y andaluzas fueron el centro de un movimiento de toma de tierras que golpeaba a la vieja estructura semifeudal de la propiedad rústica: Sólo de enero a marzo de 1933 se registraron 311 casos de ocupación de fincas.

El periódico católico «El Debate» comparaba con alarma la situación de España a comienzos de 1933 con la de Italia en 1919, indicando que en nuestro país los campesinos habían ocupado en un solo mes casi tantas fincas como los de Italia en cuatro años, es decir, de 1919 a 1922.

Las acciones campesinas eran el fruto de la radicalización de las masas rurales bajo la influencia del movimiento huelguístico del proletariado industrial y, a su vez, repercutían en éste, influyéndose mutuamente, forjando sobre la marcha la alianza de los obreros y de los campesinos.

A la lucha de las masas trabajadoras por el pan y la tierra respondió el Gobierno republicano-socialista con la [73] llamada Ley de Defensa de la República, a la que se acogerían los enemigos más encarnizados de ésta para reprimir violentamente las aspiraciones de la clase obrera y de las masas campesinas. La tragedia de Castilblanco y las tremendas matanzas de Arnedo y Casas Viejas fueron los frutos sangrientos de la política antipopular del Gobierno de conjunción, incapaz de comprender que la defensa de la República era inseparable de la defensa de las masas laboriosas frente a los ataques de la reacción capitalista-terrateniente.

Los acontecimientos enfrentaron nuevamente las posiciones de nuestro Partido y las posiciones reformistas. El Partido Socialista, de acuerdo con su concepto de que su misión en aquel momento era «servir a la causa burguesa», se dedicó a sabotear y reprimir desde el Gobierno la lucha de las masas so pretexto de que «perjudicaba a la República». El Partido Comunista, por el contrario, consideraba que el deber de un partido obrero era servir a los trabajadores y no a la burguesía; que la lucha de las masas, lejos de perjudicar a la República, la consolidaba; que esa lucha organizada y consciente era un apoyo indispensable para un partido dispuesto a hacer una obra verdaderamente revolucionaria desde el Parlamento o el Gobierno.

Nuestro Partido combatió asimismo la vieja teoría oportunista, según la cual «en un período de depresión económica y de crisis de trabajo, no se deben realizar huelgas». Erigida esta afirmación en dogma, fue llevada hasta sus conclusiones lógicas: los líderes socialistas proclamaron la necesidad de pactar una «tregua social» entre el capital y el trabajo mientras la crisis persistiera.

La clase obrera española, con su lucha, se encargó de dar la mejor réplica a semejantes teorías.

«El proletariado español –escribía por entonces la revista «La Internacional Comunista»– ha ocupado uno de los primeros puestos del mundo en los combates contra la burguesía. Es difícil hallar algo semejante a la energía huelguística que desarrollan los obreros españoles».

Cierto que no todas las huelgas se ganaban: pero la causa principal de que esto sucediera, era, justamente, que los [74] líderes del PSOE y de la UGT se dedicaban a romper y sabotear una serie de acciones reivindicativas de los trabajadores.

Al mismo tiempo que luchaba contra esta postura de los líderes socialistas, el Partido combatía las tácticas anarquistas de huelgas y de «putchs» sin pies ni cabeza, que desorganizaban el movimiento obrero.

El primer «putch» anarquista tuvo lugar en enero de 1932, en el Valle del Llobregat, en donde los trabajadores confederales, que fueron lanzados por sus dirigentes a una empresa descabellada, dieron pruebas de heroísmo. Un año después –el 8 de enero de 1933– los anarquistas provocaron el segundo «putch». De acuerdo con sus recetas para «hacer» la revolución, en Barcelona, Lérida, Madrid y otras ciudades, grupos específicos de la FAI emprendieron una serie de agresiones contra policías y centinelas de varios cuarteles. Las masas obreras permanecieron al margen, por regla general, de esta aventura, cuyos pormenores eran conocidos por la policía de antemano; en cambio, en algunos pueblos, los labradores se amotinaron al anuncio de que iba a empezar «la revolución social»: los sucesos de mayor gravedad, en este orden, fueron los ya recordados de Casas Viejas, en donde 14 obreros agrícolas fueron asesinados por las fuerzas represivas en circunstancias dramáticas.

Tanto en 1932 como en 1933, los «putchs» de la FAI se produjeron en momentos de apogeo de la lucha de las masas trabajadoras, mas no para llevar mayor claridad de objetivos y más unidad y organización al movimiento, sino para introducir el desconcierto, la discordia y la desorganización en sus filas.

Cuando la España popular tenía ante sí la misión de dar cima a la revolución democrático-burguesa, los anarquistas desviaban la energía de las masas hacia intentos de implantar un quimérico «comunismo libertario» que nadie, comenzando por ellos, sabía qué era.

Para alcanzar tan confusos objetivos, los anarquistas pretendían sustituir la acción de las grandes masas por la de unos cuantos grupos específicos, sin comprender que ningún individuo ni élite alguna, por mucho heroísmo que derrochasen, podrían reemplazar el grandioso despliegue de [75] iniciativa y de heroísmo colectivo de las grandes masas. En el fondo, la inclinación de los jefes faístas por la acción de una élite reflejaba su incapacidad para la labor metódica, paciente, pero extraordinariamente difícil, de preparación y organización políticas de las vastas masas obreras y campesinas, que constituyen el grueso del auténtico ejército de la revolución.

Los anarquistas pretendían, además, sustituir las formas de la lucha de clases consciente del proletariado –lucha económica, política e ideológica– contra las clases reaccionarias, por la violencia física aplicada a éste o aquel representante de la autoridad. No reparaban en que la táctica del terror individual, tras ser completamente ineficaz, causa enorme daño al movimiento obrero, ya que suministra a la reacción un pretexto cómodo para golpearlo y desorganizarlo.

De tal suerte, la acción, anarquista en aquellos años de la República, tanto por sus objetivos como por sus métodos no favorecía a los trabajadores, sino que les perjudicaba; no golpeaba a la contrarrevolución, sino que facilitaba sus maniobras, independientemente de los propósitos de sus autores y del heroísmo de las masas confederales.

En resumen, los dirigentes anarquistas y los socialistas, con procedimientos distintos, pero igualmente erróneos, obtenían el mismo resultado: llevar a los trabajadores a frecuentes derrotas.

Para colmo de males, los líderes ugetistas y cenetistas hacían de sus centrales un baluarte en lucha por la hegemonía del movimiento sindical, encendiendo una pugna fratricida entre los obreros de la CNT y de la UGT y entre los de ambas centrales y los simpatizantes de la Internacional Sindical Roja.

En esta situación, el Partido desplegó una lucha ardiente por el Frente Único, a pesar de las continuas negativas con que los líderes socialistas y anarquistas respondían a sus propuestas unitarias.

El Partido Comunista centró sus esfuerzos, ante todo, en estimular el Frente Único por la base, en los lugares de trabajo, mediante la creación de comités de fábrica en los que estaban representados los obreros de todas las tendencias.

En el fuego de esa lucha por la unidad, en el caso de las grandes huelgas y acciones de las masas obreras y campesinas [76] por la tierra y el pan, en el Partido Comunista se habían ido desarrollando las fuerzas capaces de transformarlo en un Partido de acción revolucionaria viva y de corregir sus debilidades e insuficiencias.

Los sectores más radicalizados de la clase obrera y de las masas campesinas comenzaron a conocer al Partido y a prestar oído atento a su voz, sobre todo en algunas regiones. A pesar de ello, el número de militantes del Partido no correspondía a su influencia real entre las masas.

El obstáculo principal para su crecimiento eran las tendencias sectarias del grupo de dirección. Contra él se pronunciaban las fuerzas que en el Partido pugnaban por corregir la situación y orientar su actividad por caminos leninistas. La contradicción que existía en el Partido entre los viejos métodos sectarios y las nuevas exigencias que la situación planteaba, había adquirido particular agudeza.

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  Historia del Partido Comunista de España
París 1960, páginas 71-76