Historia del Partido Comunista de España 1960

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Capítulo cuarto
La dictadura franquista

El V Congreso

La necesidad de colocar el Partido a la altura de las exigencias políticas que presentaba la nueva etapa que había comenzado en el país y de reforzarle orgánicamente, aconsejaban la celebración de un Congreso.

El Pleno del Comité Central celebrado en España en marzo de 1936 había fijado la celebración del V Congreso para agosto de aquel mismo año, pero el estallido de la sublevación militar fascista, la guerra civil, la derrota de la República, los años de clandestinidad bajo la dictadura fascista, el exilio forzoso de muchos militantes y dirigentes del Partido, la guerra mundial, impidieron que se celebrase durante un largo período. La Dirección del PCE no quería hacer un Congreso de emigración. Sólo cuando pudo garantizar una amplia representación de las organizaciones del Partido en el interior de España, juzgó llegado el momento de convocar el Congreso.

Del 1 al 5 de noviembre de 1954 se reunió el V Congreso del Partido Comunista de España con representación de las organizaciones de Madrid, Cataluña, Euzkadi, Valencia, Asturias, Galicia, Andalucía, Extremadura y otras regiones, así como de las organizaciones del exilio. El rasgo característico del Congreso fue la unidad política de los comunistas del interior y del exterior, la unidad monolítica de todo el Partido.

El Congreso analizó la situación económica y política de España y trazó la línea del Partido en la lucha contra la dictadura, por el restablecimiento de una situación democrática [249] en nuestro país, por el mejoramiento de la situación de las masas populares.

El V Congreso discutió y aprobó el nuevo Programa y los Estatutos del Partido. Sobre los proyectos de estos dos documentos fundamentales se había desarrollado en todas las organizaciones del PCE una amplia discusión que duró varios meses y reflejó el crecimiento ideológico y la unidad del Partido.

El Programa exponía los principales fenómenos económicos, sociales y políticos ocurridos en España después de la instauración del franquismo. Como consecuencia de la dominación del fascismo, al mismo tiempo que se conservaba la gran propiedad latifundista y otras supervivencias semifeudales se había desarrollado extraordinariamente el capital monopolista, en particular el capitalismo monopopolista de Estado, que, en connivencia con la aristocracia latifundista, expoliaba rapazmente a la inmensa mayoría de la población. Con ello se revelaba más acusadamente el doble carácter antifeudal y antimonopolista de la revolución democrática española. De otro lado, la firma del pacto yanqui-franquista, que enajenaba la independencia y comprometía la seguridad del país, había reforzado el contenido antiimperialista de la lucha popular por la democracia, que tenía como uno de sus principales objetivos el restablecimiento de la plena soberanía nacional.

Al exponer las soluciones del Partido en orden a la lucha por la democracia, la independencia nacional y la paz, en el Programa se diferenciaban dos etapas. En la primera etapa propugnaba la creación de un amplio Frente Nacional Antifranquista, cuyos objetivos serían el derrocamiento de la dictadura y la formación de un Gobierno provisional revolucionario. Los puntos fundamentales de la plataforma política de ese Frente y de su Gobierno podían ser, a juicio del Partido, los siguientes: restablecimiento de las libertades democráticas; liberación de los presos antifranquistas y ayuda a la repatriación de los emigrados políticos; derogación del pacto militar yanqui-franquista; adopción de medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de las masas populares y convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes para que el pueblo decidiese democráticamente sobre la forma del régimen. [250]

Una vez derrocado el franquismo y restablecidas las libertades públicas, el Programa abogaba por el mantenimiento de la coalición nacional para el desarrollo de la democracia, destacando una cuestión fundamental: la abolición de todas las supervivencias feudales en el campo a través de una profunda reforma agraria. El Programa se pronunciaba asimismo por la adopción de medidas para limitar el poder de los monopolios que atenazaban la economía nacional. La realización de estas reformas contribuiría a abrir ancho cauce al desarrollo de las fuerzas productivas y a sacar a España del marasmo en que se encontraba.

Para los obreros destacaba tres demandas esenciales; el salario mínimo vital con escala móvil; la aplicación del principio «a trabajo igual, salario igual» y el seguro de paro. También proponía el Programa medidas para la elevación del nivel de vida de los jornaleros agrícolas y campesinos pobres, así como para la defensa de los intereses de la pequeña y media burguesía rural y urbana frente a la oligarquía financiera terrateniente.

El Programa proponía diversas medidas y reformas en el dominio de la instrucción pública. Abogaba por un vasto plan de construcción de escuelas para resolver el problema de la enseñanza y proponía, igualmente, fomentar y proteger la cultura, la ciencia y el arte.

Al fijar la posición del Partido en cuanto a las relaciones del Estado con la Iglesia, el Programa preconizaba la libertad de cultos y conciencia y la separación de la Iglesia y del Estado; «mas teniendo en cuenta los sentimientos religiosos de una gran parte de la población –agregaba– el Estado deberá subvenir las necesidades del culto».

La propuesta de subvenir las necesidades del culto rompía con el anticlericalismo algarero y demagógico que, aparte de herir los sentimientos de muchos católicos, sólo servía para desviar a las masas populares de las tareas vitales que planteaba la lucha por la democracia.

Con esa propuesta, el Partido no hacía la más mínima concesión ideológica, pero rechazaba todo intento de mantener divididos a los españoles en creyentes y no creyentes, cuando unos y otros tienen los mismos intereses y objetivos en la [251] lucha por la democracia y el bienestar del pueblo. Con su actitud ante el problema religioso, el Partido favorecía el entendimiento con las masas católicas para acabar con el enemigo común, la dictadura franquista, y contribuía a la estrecha unión de las masas obreras y campesinas, de la mayoría del pueblo, independientemente de las convicciones religiosas y filosóficas, para desarrollar la democracia e incluso para avanzar después hacia el socialismo.

El V Congreso aprobó los nuevos Estatutos del Partido. Los anteriores no llenaban ya las exigencias que presentaba al PCE la lucha contra el franquismo y habían caído en desuso.

Los Estatutos daban a los militantes y a todos los trabajadores revolucionarios una idea clara de cómo era y funcionaba el Partido. «El principio que rige la organización del Partido –decían– es el centralismo democrático», que presupone el carácter electivo de todos los organismos de dirección del Partido, de abajo arriba; la obligación de los organismos dirigentes del Partido de dar cuenta periódicamente de su gestión ante las organizaciones correspondientes del Partido, la observancia de la disciplina del Partido y la subordinación de la minoría a la mayoría, la obligatoriedad de los acuerdos de los organismos superiores para los inferiores y, junto a la más elevada democracia interna y la más amplia libertad de discusión que lleva aparejada la lucha de opiniones, la más rotunda negativa a la existencia de fracciones. Los Estatutos proclamaban también el principio de la dirección colectiva.

El Congreso eligió un nuevo Comité Central del Partido en el que figuraban, al lado de veteranos y probados dirigentes, las fuerzas nuevas que se habían ido desarrollando en el largo período transcurrido desde que, en 1937, había sido elegido el anterior Comité Central. El nuevo Comité Central nombró el Buró Político y eligió a la camarada Dolores Ibárruri para el puesto de Secretario General del Partido.

El V Congreso pertrechó política e ideológicamente al Partido para la nueva etapa de la lucha antifranquista. [252]

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  Historia del Partido Comunista de España
París 1960, páginas 248-251