Una política de guerra

Desde los comienzos de la contienda, el Partido Comunista había afirmado que la guerra sería larga y dura, una lucha que exigía al pueblo poner en tensión todas sus energías. La [151] batalla en el frente de Madrid lo confirmaba: para cerrar el paso al fascismo y vencerlo, no bastaba el heroísmo.

A mediados de diciembre de 1936, el Comité Central del Partido Comunista, al examinar el estado del país después de cinco meses de guerra, llegó a la conclusión de que era necesario cambiar radicalmente la situación, si se quería continuar aquélla con probabilidad de victoria. A este propósito, el Comité Central publicó un documento en el que establecía las que, a su juicio, eran exigencias insoslayables del momento, sin cuyo cumplimiento era difícil proseguir la contienda.

En ese documento, conocido con el título de «Las ocho condiciones de la victoria», el Partido exponía que, a su entender, las medidas urgentes a aplicar consistían en:

Concentración de todo el Poder en manos del Gobierno del Frente Popular, cuyas decisiones deberían ser acatadas y respetadas por todos.

Servicio militar obligatorio, como único medio de llegar rápidamente a la creación de un gran Ejército Popular, con reservas abundantes e instruidas y con un mando único competente y que gozase de la confianza del pueblo.

Disciplina de guerra en la retaguardia: poner fin a las actuaciones anárquicas de los «incontrolados» y a la idea cantonalista de que la guerra sólo concernía a los territorios donde se peleaba y no al pueblo entero y a todas las regiones del país.

Nacionalización y reorganización de las industrias básicas y creación de una potente industria de guerra.

Creación de un Consejo Coordinador de la Industria y la Economía en el que debían estar representados todos los técnicos y especialistas del Frente Popular, para dirigir y orientar toda la producción.

Control obrero sobre la producción, que actuase de acuerdo con el plan trazado por el Consejo Coordinador y para apoyarlo.

Fomento de la producción agrícola, de acuerdo con los representantes de las organizaciones campesinas, partidos y organizaciones del Frente Popular, de manera que se respetara el producto del trabajo, tanto individual como colectivo, y se garantizasen precios remuneradores para los [152] productos del campo en los mercados nacionales e internacionales.

Coordinación de la producción agrícola y la industria a fin de que toda ella tendiese al logro rápido del objetivo fundamental de la lucha popular en aquellos momentos históricos: ganar la guerra.

El Partido insistía, una vez más, en que la unidad de todas las fuerzas proletarias y antifascistas en torno al Frente Popular y al Gobierno de la República era la premisa indispensable para salvar la independencia y la libertad de España amenazadas gravemente.

Los esfuerzos del Partido para que el Gobierno adoptase las ocho condiciones como programa propio, chocaban con la oposición del Jefe del Gobierno, Largo Caballero. Este seguía sin comprender el verdadero carácter de la guerra, no valoraba la capacidad y la iniciativa de las masas y, por ello, aunque oficialmente la había decretado, seguía frenando en la práctica la creación del Ejército Popular de tipo regular y se oponía a la adopción de otras indispensables medidas de guerra.

Consecuencia de ello fue el duro golpe que sufrió la República el 8 de febrero de 1937 con la caída de Málaga; las fuerzas regulares italianas que tomaron la ciudad, sus aviones y los barcos alemanes con sus fuegos habían perseguido, ametrallado impunemente a la población civil que huía hacia Almería. Estos hechos levantaron una ola de indignación en toda la zona republicana y pusieron de relieve ante el pueblo la equivocada política de Largo Caballero y la necesidad apremiante de corregirla. El desastre de Málaga planteaba la imperiosa necesidad de realizar una política de guerra firme, de establecer, en primer lugar, como pedía el Partido, el servicio militar obligatorio y una disciplina férrea en la retaguardia.

El Partido encontró el apoyo fervoroso de las masas. Expresión de ello fue la imponente manifestación que el día 14 de febrero recorrió las calles de Valencia, sede del Gobierno, para demandar que se realizara sin dilaciones la voluntad de los combatientes y del pueblo en general. [153]

Presionado así por las masas, Largo Caballero adoptó algunas medidas, pero no realizó el cambio radical de su política que la situación y el pueblo exigían.

En ese período empezó el acercamiento entre Largo Caballero y los dirigentes anarquistas, aproximación que tendía, según afirmaban al unísono los órganos de prensa caballeristas y anarquistas, a preparar la liquidación del Gobierno de Frente Popular y su sustitución por un llamado «Gobierno sindical». Con ese plan pretendían sus autores eliminar del Gobierno al Partido Comunista, a una parte considerable del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y a los partidos republicanos; se trataba de romper y dividir el Frente Popular en el que se asentaba la unidad del pueblo en la guerra contra el fascismo. La ejecución de semejante plan hubiera significado romper la resistencia, llevar a la esfera gubernamental y extender a todo el territorio de la zona republicana los experimentos aventureros y contrarrevolucionarios que los fascistas realizaban en Aragón y otras zonas dominadas por ellos.

Ante el Gobierno republicano se abrían, en cierto modo dos caminos de actuación: uno era el de desarrollo de una verdadera política de guerra, basada en la consolidación del Frente Popular. La defensa de Madrid había demostrado que ésa era la vía que podía conducir a la victoria. El otro camino era el de los llamados «experimentos revolucionarios» de los anarquistas que tenía como consecuencia la desorganización e indisciplina del Ejército, el desorden en la retaguardia, el rompimiento del Frente Popular.

Cegado por el anticomunismo, Largo Caballero manifestaba una inclinación mayor cada día a avanzar por esta segunda ruta que llevaba inevitablemente a la derrota del pueblo.

En esta situación, el Comité Central del Partido celebró su primer Pleno de guerra del 5 al 8 de marzo de 1937.

Fue un Pleno ampliado en sustitución del V Congreso que por las condiciones de la guerra, no se pudo celebrar. El Pleno renovó y amplió la Dirección del Partido.

Uno de los problemas fundamentales estudiados por el Pleno fue el problema de la unidad. [154]

El Partido Comunista declaraba que seguiría defendiendo al Frente Popular, por encima de todas las dificultades, y al Gobierno del Frente Popular.

«Nuestro lema –decía José Díaz en nombre del Partido– es: Unidos ahora para ganar la guerra y unidos después para cosechar los frutos de la victoria».

Las tareas políticas más urgentes que las resoluciones del Pleno destacaban, eran: la realización rápida de la unidad del proletariado y la fusión de los Partidos Socialista y Comunista; la unidad de acción entre las dos grandes centrales sindicales. Propugnaban, además, estrechar las relaciones con los anarquistas y hacer que la unión de las fuerzas proletarias con las republicanas, con las fuerzas de la pequeña burguesía, se reforzase cada vez más sobre una base política y económica sólida y que se consolidasen las relaciones con las fuerzas representativas de Cataluña, Euzkadi y Galicia.

El Comité Central exigía la aplicación, sin más dilaciones, de todas aquellas medidas de guerra que el pueblo había demandado imperiosamente al Gobierno en la manifestación de Valencia.

Una gran atención dedicó el Pleno a todos los problemas relacionados con el desarrollo, la vida política y las tareas del Partido.

En los siete meses y medio de guerra, el Partido había triplicado el número de sus miembros. Las razones de tan rápido crecimiento numérico y del de su prestigio e influencia en el pueblo, las destacaban las resoluciones del Pleno. Esas razones eran la justa política del Partido, su firme y disciplinada organización, su unidad interna y el ejemplo de heroísmo y abnegación que daban los miembros del Partido: una gran mayoría de éstos combatían en las trincheras, más de la mitad del Ejército se hallaba formada por comunistas y miembros de la JSU, y las más duras batallas de la guerra habían sido ya pagadas –como habrían de serlo las restantes hasta el final de la contienda– con la sangre de miles de miembros del Partido. [155]

La resolución del Pleno estimaba que, ante la magnitud de las tareas que se planteaban a la clase obrera y al pueblo, era necesario acrecentar y consolidar cada vez más las fuerzas del Partido y que, sin restringir el ingreso en sus filas de los combatientes, los obreros agrícolas, los campesinos y los intelectuales, el trabajo de reclutamiento debería proseguirse de un modo más acentuado y metódico, sobre todo entre la clase obrera y entre las mujeres.

El Pleno tomó posición con toda energía contra el descabellado propósito de formación del Gobierno sindical. En ese mismo sentido se manifestaron abiertamente el 28 de marzo todos los Partidos del Frente Popular. La inmensa mayoría de los miembros de la UGT rechazaban también ese plan, y la propia Comisión Ejecutiva del Partido Socialista Obrero Español, en una circular del 29 de marzo dirigida a los Comités de las Federaciones, calificaba de «error» que era preciso atajar,

«el atribuir a los sindicatos, como un nuevo Saturno revolucionario, la misión de disminuir, sustituir y devorar a los partidos políticos».

El creciente aislamiento de Largo Caballero y las coincidencias que se apuntaban entre la Ejecutiva del Partido Socialista y el Partido Comunista eran la expresión de los cambios que se habían producido durante la guerra en el seno del Partido Socialista.

Desde el año 1934 las masas obreras socialistas habían visto en Largo Caballero al más destacado partidario de la unidad dentro del PSOE. Esa había sido la causa fundamental de su prestigio. Pero durante los meses de guerra, Largo Caballero fue manifestando una actitud, cada vez más anticomunista y antiunitaria. Este cambio demostraba que Largo Caballero no había comprendido nunca el verdadero sentido de la unidad obrera y popular. Convencido de que era el jefe insustituible del Gobierno y del Partido Socialista, anteponía sus criterios personales a los intereses supremos de las masas que sólo podían defenderse laborando por la unidad y no atentando contra ella. La crítica cordial, constructiva que el [156] Partido Comunista hacía de su desacertada política de guerra, era recibida con hostilidad e irritación y considerada como un ataque personal. Lanzado por el camino anticomunista y antiunitario, Largo Caballero fue aislándose de las masas y perdiendo de día en día su popularidad e influencia en el propio Partido Socialista.

Mientras tanto, la guerra había acrecentado la voluntad unitaria de la inmensa mayoría de los trabajadores socialistas, el sentimiento de fraternidad hacia sus hermanos comunistas al lado de los que vertían su sangre en las trincheras, la conciencia de que la unidad de los dos Partidos era esencial para ganar la guerra. Todo ello se traducía en una acentuación de la tendencia unitaria en la Comisión Ejecutiva y en otros escalones directivos del Partido Socialista.

A fines de marzo, nuestro Partido propuso a la Comisión Ejecutiva Socialista discutir y adoptar medidas conducentes a la unidad de acción, primero, y a la fusión, después, de ambos partidos en el gran Partido Único de la clase obrera. El 16 de abril de 1937 apareció una carta conjunta de la Comisión Ejecutiva del PSOE y del Comité Central del PCE haciendo público el acuerdo de formar organismos de enlace. Una semana después apareció el documento firmado por ambas Direcciones acerca de la constitución del Comité Nacional de Enlace. Este, que debía reunirse dos veces por semana, proponía la inmediata constitución de Comités de Enlace en todas las provincias y localidades donde ello fuera posible.

Por todas partes se establecieron Comités de Enlace entre los Partidos Socialista y Comunista, y se multiplicaban los casos de dirigentes socialistas, provinciales y nacionales, antes caballeristas, que condenaban ahora la orientación anticomunista de Largo Caballero y se pronunciaban por la unidad con el Partido Comunista. Tal fue el caso de Álvarez del Vayo, ministro de Estado en el Gobierno Largo Caballero, y el de los componentes del grupo constituido alrededor de «Claridad», que fue substrayendo, gradualmente, a este periódico de la influencia que antes ejercía en él, de un modo absoluto, el sector caballerista.

En el seno del Partido Socialista se establecía una nueva correlación de fuerzas; de un lado, el núcleo de Largo [157] Caballero y sus incondicionales, a los que va no se podía calificar de «ala izquierda», obstinados en una posición antiunitaria; de otro, la gran mayoría del Partido Socialista, favorable a la unidad.

En el mes de marzo las fuerzas republicanas, que habían detenido a los fascistas en el Jarama, después de una sangrienta y larga batalla, infligieron una completa derrota al Cuerpo expedicionario italiano, que mandaba el general Bergonzoli, en la batalla de Guadalajara, uno de los más importantes hechos de armas de la guerra. Y a ese señalado triunfo siguieron otros logrados por los soldados de la República en el Frente Sur, en el sector de Pozoblanco.

Esas victorias, especialmente la de Guadalajara, demostraban la potencia y eficacia que ya había alcanzado el Ejército Popular, sobre todo en el Centro, donde había sido cimentado sólidamente sobre los principios de organización, de disciplina y mando único por los que tan tesoneramente abogaba el Partido Comunista.

Las victorias republicanas provocaron alarma en el campo enemigo. El fascismo italo-alemán acudió, una vez más, en socorro de Franco. Ciano escribía en su diario, a raíz de la victoria de Guadalajara:

«Se trata de conseguir un triunfo militar que borre el recuerdo de la derrota. Con ese objetivo, enviamos a España oficiales, armas, material y aviones, así como cuatro submarinos».

Las consecuencias de este refuerzo de la intervención armada italo-alemana habrían de sentirse muy pronto en los frentes de guerra del Norte donde, después de sangrientos combates, los fascistas rompieron las líneas republicanas iniciando su avance sobre Bilbao.

Todo exigía la movilización de las fuerzas recursos de la República para la guerra y la eliminación de los focos de desorden de Aragón y Cataluña, donde los ensayos anarquistas restaban ingentes energías a los frentes de combate y amenazaban la unidad del pueblo. Esta situación se prolongaba, sustancialmente, por la tolerancia de Largo Caballero, deseoso [158] de granjearse, con esta actitud, el apoyo de los anarquistas para la lucha contra el Partido Comunista y contra la Ejecutiva del Partido Socialista.

Como en 1873, los anarquistas crearon verdaderos «cantones independientes» en todas las zonas y lugares donde, en el primer período de la guerra, pudieron ejercer decisiva influencia: Puigcerdá, Tarrasa, Seo de Urgel, Mora, en la Zona de los Pirineos, en los pueblos de la costa catalana, en la provincia de Cuenca, en Aragón, &c.

El objetivo de la lucha que había comenzado en julio de 1936 lo definieron entonces los anarquistas así: establecer un nuevo régimen social, el «comunismo libertario». Para los dirigentes anarquistas, salvo raras excepciones, lo principal no era ganar la guerra sino realizar inmediatamente una «revolución social». Las primeras medidas de ésta debían ser la abolición de la propiedad privada, del Estado, del Ejército, del principio del Poder y de las clases y, aparejado a ello, el establecimiento por todas partes de «la comuna libertaria».

Los anarquistas se oponían al Gobierno del Frente Popular y a la República democrática. El 2 de agosto de 1936 apareció en el diario anarquista «Solidaridad Obrera» un artículo firmado por la CNT-FAI y las Juventudes Libertarías, con este título que por sí solo era todo un programa de ayuda al enemigo: «Hay que organizar la indisciplina».

Los grupos específicos de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y algunas columnas, que pronto abandonaron los frentes y se hicieron famosos por sus desmanes en la retaguardia –como la «Columna Maroto», la «Columna de Hierro», y alguna otra–, impusieron en no pocos lugares la «dictadura anarquista», el «comunismo libertario».

El ejemplo más destacado de «dictadura anarquista» lo dio cumplidamente el «Consejo de Aragón». Fue creado por la FAI, a mediados de octubre de 1936, y su establecimiento fue sancionado por el Gobierno de Largo Caballero el 17 de diciembre de 1936, contra la voluntad del Partido Comunista. Presidía el Gobierno anarquista o «Consejo de Aragón» el anarquista Ascaso. El Consejo funcionó hasta agosto de 1937 en que fue disuelto. [159]

Su actuación lamentable y vergonzosa sólo sirvió a los enemigos de la República. Bajo la dictadura del Consejo de Aragón fue colectivizado casi todo lo existente. Los campesinos medios eran despojados de sus tierras y de sus productos. El Consejo de Aragón se incautó del dinero de los campesinos, estableció el sistema de vales e incluso una nueva moneda. Los que protestaban eran maltratados. Allí estaba prohibido toda actividad política excepto la anarquista. Los campesinos y la población, en general, vivieron, bajo el Consejo de Aragón, un período de despojo sistemático, expropiaciones forzosas, brutales imposiciones, que creaban en la retaguardia republicana un ambiente sumamente peligroso. El Partido trabajó tenazmente por terminar con aquella situación que frenaba el desarrollo de la lucha en Aragón, que levantaba a los campesinos contra la República, que creaba una base para el trabajo del enemigo en el propio campo republicano. El Gobierno Negrín se vio obligado, posteriormente, a poner fin a tal estado de cosas, restableciendo en Aragón el orden republicano y acabando con la dictadura anarquista. A facilitar la obra del Gobierno contribuyó principalmente la actuación en Aragón de unidades militares mandadas por comunistas en las que los campesinos aragoneses encontraron ayuda, respaldo y apoyo contra los desmanes y las expropiaciones de los anarquistas.

En el orden específicamente militar, en Cataluña y Aragón aún no había sido creado el Ejército Popular de tipo regular. Los anarquistas habían desarrollado una lucha, abierta primero y soterrada más tarde, contra la formación de tal Ejército. Aunque en marzo de 1937 declararon, al fin, su disposición a formarlo, el Ejército no empezó a constituirse en Aragón y Cataluña hasta agosto de ese año. Ello explica la pasividad e inactividad del Frente aragonés durante meses que fueron decisivos y que el enemigo aprovechó para consolidar sus posiciones, mientras del lado republicano, dominado por los anarquistas, no se había emprendido ninguna acción ofensiva ni se habían creado las condiciones para la resistencia, a pesar de disponer de toda clase de armas y pertrechos militares y de millares de hombres capaces de combatir, que [160] bien dirigidos y organizados hubieran podido ser una ayuda seria para la República.

El Partido respaldó decisivamente al Partido Socialista Unificado de Cataluña en la gran labor que éste realizó para enderezar la situación en su faceta militar, fundamental, y para crear en Cataluña el Ejército Popular regular.

Los comunistas lucharon enérgicamente, desde los primeros momentos, contra la existencia y actividades de los «incontrolados», las bandas faístas-trotskistas y las «patrullas de control», contra los cantones y por el establecimiento del Poder único del Gobierno del Frente Popular, por el desarme efectivo de la retaguardia.

Pero siempre, hasta en los momentos más agudos de esta lucha en defensa de los verdaderos intereses del pueblo, el Partido proclamó, y demostró con su conducta, que él no identificaba a los incontrolados con los obreros anarquistas y cenetistas a los que llamaba a luchar contra la nefasta actividad de esos grupos.

Constantemente se esforzó el Partido por establecer la unión combativa con las masas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y con los hombres más conscientes políticamente de su Dirección para interesarlos en la realización de una política verdaderamente revolucionaria.

El Partido Comunista fue partidario de la colaboración de los anarquistas en el Gobierno e hizo cuanto pudo por que se realizara esa colaboración a la que eran opuestos tanto los republicanos como la Dirección del Partido Socialista.

En su libro «Mis recuerdos», Largo Caballero, cuyo testimonio es de valor en el caso, declara:

«Los comunistas pidieron que se hiciera todo lo posible para que en el Gobierno estuviera representada la Confederación Nacional del Trabajo y así lo prometí».

La actitud del Partido y las duras lecciones de la tierra, fueron factores que influyeron en la evolución positiva de una parte de las masas y de algunos de los dirigentes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) que, como su Secretario General Mariano Vázquez –muerto en un accidente en [161] París después de la guerra– gozaban de gran autoridad entre los trabajadores cenetistas.

Ya en el otoño de 1936, las masas encuadradas en la CNT y, sobre todo, las que combatían en las columnas milicianas, comenzaron a comprender –y a esto ayudó no poco la actividad del Partido– que la realización de los postulados del anarquismo (destrucción del Estado, del Ejército, descentralización de la economía, &c.) era incompatible con el logro de la victoria del pueblo en la lucha contra el fascismo. La presión de esas masas apremiaba a los dirigentes anarquistas a revisar la política seguida hasta entonces. Impulsaba a tales dirigentes, además, el temor de que su actitud, contra la que se levantaban todas las fuerzas populares, les aislase completamente, debilitando sus posiciones y su influencia, ya que el Gobierno estaba dispuesto, con ellos o sin ellos, a continuar la lucha y la defensa de la República.

Esto determinó el que en no pocos dirigentes anarquistas comenzase un proceso de abandono progresivo de los conceptos teóricos que durante muchos años habían defendido. Admitieron, primero, la participación de los anarquistas en la política del Estado, aunque apoyándola, todavía, sólo «desde fuera», para llegar rápidamente a la participación en el Gobierno y en todas sus instituciones. En septiembre de 1936 entraron a formar parte del Gobierno catalán, con la pretensión de constituir lo que llamaban «Consejo Nacional de Defensa» (UGT-CNT), que era la primera variante de un Gobierno sindical. Fallido ese intento, al que se opuso el Partido, entraron los anarquistas a formar parte del Gobierno presidido por Largo Caballero, en noviembre de 1936. También participaron en el «Consejo Soberano de Asturias» y en otros organismos estatales. Los dirigentes anarquistas se pronunciaron, al fin, por la creación del Ejército regular que habían combatido antes tan sañudamente y participaron en él de una manera absoluta, aceptando la disciplina militar, los uniformes, los mandos y grados, &c. También se pronunciaron por la centralización de la dirección de la guerra, &c. La Federación Anarquista Ibérica (FAI) acabó por transformarse, con excepción del nombre, en un verdadero partido político. [162]

La guerra y la revolución, la realidad, en una palabra, era la que, aún más completamente que en 1873, derrumbaba los conceptos idealistas del anarquismo clásico.

El Partido Comunista saludó y alentó cuanto pudo ese cambio en la orientación del anarquismo por considerar que favorecía la realización de la unidad obrera.

Una parte de las masas anarquistas y algunos dirigentes de la CNT marcharon por el camino justo. Otros, la mayoría de los miembros de la FAI, siguieron la otra vía con grave daño para la causa de la libertad del pueblo.

Los perjuicios que ocasionaba la política de Largo Caballero, de tolerancia con la indisciplina, se hicieron evidentes con el estallido en Cataluña del «putch» contrarrevolucionario de mayo de 1937.

Provocadores y organizadores del movimiento fueron los elementos trotskistas, aventureros y tránsfugas de la clase obrera, que figuraban en la Dirección del llamado POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) y los «grupos específicos de la FAI» que con su demagogia habían logrado confundir y arrastrar al motín a algunos trabajadores. Los trotskistas habían hecho todo lo posible para sembrar el derrotismo y la desmoralización en la zona republicana, para desacreditar al Frente Popular y romperlo.

Los objetivos de los amotinados eran encender una nueva guerra civil en la zona republicana, destruir el Frente Popular y establecer el poder absoluto de la FAI y del POUM, liquidar el Ejército regular, romper la unidad popular, desorganizar por completo la producción.

Los agentes franquistas en Cataluña desempeñaron un papel importante en la preparación del «putch».

Entre los documentos oficiales alemanes, recogidos y publicados después de la guerra mundial, figura un despacho del embajador alemán a su Gobierno, del que son estas frases:

«En cuanto a los desórdenes de Barcelona, Franco me ha informado que los combates de calle habían sido iniciados por sus agentes. Como Nicolás Franco me dijo después, en total ellos tenían 13 agentes en Barcelona. Uno de éstos había informado mucho antes que la tensión entre [164] comunistas y anarquistas era tan grande en Barcelona que podría garantizar el hacer estallar el combate entre ellos. El Generalísimo me dijo que primero no había prestado confianza a estos informes de su agente, pero que luego los había confrontado con otros que los confirmaban. lntentó primero no hacer uso de esa posibilidad hasta que hubiese empezado una operación en Cataluña… pero había juzgado propicio el actual momento para iniciar los desórdenes en Barcelona…»

El PSUC, los miembros de la UGT y los jóvenes encuadrados en la JSU en Barcelona hicieron frente a los amotinados sin ninguna vacilación, en defensa de la legalidad republicana. Muchos comunistas fueron muertos o heridos en la lucha y durante los sucesos fue asesinado el camarada Antonio Sesé, Secretario de la UGT de Cataluña. La actuación del Partido Socialista Unificado fue decisiva en la derrota del levantamiento trotskista y faísta en Barcelona que se inició ya en la tarde del día 3 de mayo.

Después de esta sangrienta aventura, que en tan grave peligro había puesto a la República, el Partido Comunista y el Partido Socialista Unificado exigían la disolución del POUM. Interpretando el sentir de los trabajadores socialistas, decía el Secretario General del Partido Socialista, Lamoneda:

«El pueblo deseaba y exigía un Gobierno con autoridad en los frentes y en la retaguardia y, ante todo, el correspondiente y rápido castigo de los revoltosos».

Largo Caballero, apoyado por los dirigentes de la CNT, se negaba a adoptar ninguna clase de medidas contra el POUM en el que, en el fondo, veía un posible aliado en la lucha contra el Partido Comunista.

Historia del Partido Comunista de España, París 1960, páginas 150-163.