Mercurio Peruano
Revista mensual de ciencias sociales y letras

 
Lima, noviembre 1918 · número 5
año I, vol. I, páginas 287-291

Juan Bautista de Lavalle

Notas

Las comunidades de indígenas
y los estudios jurídicos nacionales
 

El problema indígena, es el problema máximo y fundamental del Perú. Es llegada la hora de estudiarlo seria, científica, metódicamente. Basta ya de retórica y lirismo sobre la materia. Necesitamos capacitarnos efectivamente para la solución de tan complejo problema social. Lo cierto es que el Perú ni siquiera conoce y ha estudiado con detenimiento los distintos aspectos del problema indígena. Necesitamos producir un coordinado movimiento de conjunto, de cooperación científica, para estudiarlo a fondo en todos sus múltiples aspectos. Necesitamos más luz sobre la fisiología y la psicología de las razas indígenas. (No existe en el Perú un libro documentado y completo, como el de Jorge Rama, consagrado al estudio físico, psíquico y sociológico de los indígenas quechuas y aymarás del altiplano boliviano.) Bien poco sabemos todavía, acerca de la verdadera estructura y formas del ayllo y de la comunidad de indígenas; poco o nada del problema agrario. Las opiniones y trabajos de los doctores F. Tudela y Varela, M. V. Villarán, M. L. Cornejo y L. A. Eguiguren, merecen examinarse y tomarse en consideración. A su vez, la muy culta y patriótica juventud cuzqueña, nos da ya el ejemplo estudiando con fervor las cuestiones relativas al ayllo y régimen agrario de las comunidades. Encinas, en su notables tesis universitaria, ha iniciado el estudio verdaderamente científico de la sociología jurídica y de la psicología del indio peruano. No hay otro camino. Necesitamos aprender, estudiar, observar, reunir datos y elementos. La legislación tutelar del indígena, tiene que ser el resultado de serios y sistemáticos estudios comparativos de historia, sociología, economía, política jurídica. Tenemos que examinar y apreciar los resultados obtenidos por el esfuerzo colonizador de Inglaterra en el Canadá; por obra de los norteamericanos en Estados Unidos y en Filipinas; por los belgas en el Congo, los franceses en Argelia, Marruecos y Madagascar, los ingleses en la India; Argentina y Chile con sus tribus indígenas del mediodía. Tenemos que adaptar prudentemente los métodos administrativos, pedagógicos, jurídicos empleados ya por otros pueblos en la obra de proteger e incorporar colectivamente a la vida nacional y a la civilización a las razas retardadas, decaídas y semi-civilizadas. Hay que condenar todo cuanto signifique improvisación inconsistente o interesada. La admirable legislación de ese genial virrey Toledo, fue el resultado del método empleado; de sus visitas, [288] observaciones e informaciones; de una nutrida investigación realista, por desgracia no repetida después de él. Es un precursor sabio, cuya obra nos señala la vía que debemos seguir.

El primer problema que se presenta es el de la eficaz protección de la vida, la propiedad y el trabajo del indio. Sin estas garantías primarias indispensables no podemos pensar siquiera en conservar la raza. Asegurado este fin (mediante una política sanitaria intensa y perseverante; mediante una lucha organizada y enérgica contra el alcoholismo y el cocainismo, que envenenan y enervan la vitalidad de la raza; mediante una legislación protectora del trabajo y del salario) puede pensarse en la obra más eficiente de educación e incorporación del indio a la vida nacional.

En materia de educación, pongo a la disposición de Ud. mis trabajos: «Como debemos educar a nuestros indios», «La enseñanza agrícola en la escuela primaria y en la educación secundaria», «La educación popular en Bolivia», de que hemos conversado. Abogo en ellos por la indispensable diferenciación entre el tipo y tendencias de la escuela urbana y la escuela rural; por la formación, en institutos normales especiales, de maestros indígenas llamados a educar al indio en las escuelas rurales de educación y de trabajo, adecuadas a las necesidades del medio y del hogar; escuela de civilización, formadora de hábitos; de preparación para la vida y para el trabajo en las industrias locales; por la preferente educación de la niña indígena, siguiendo el ejemplo del Japón y de Inglaterra en la India. Considero necesario, desde luego, se prosigan y extiendan los estudios iniciados por el profesor norteamericano Mc Knight relativos a las características fisiológicas y psicológicas del niño indígena, por los métodos y procedimientos científicos contemporáneos. Este estudio, es preliminar e indispensable para determinar con exactitud el carácter, métodos y modalidades de la educación del niño indígena.

En cuanto al grave problema de las comunidades y sus tierras, soy francamente opuesto a toda solución artificial, impuesta a la realidad por medio de una ley que tienda a destruir esas arraigadas formas históricas de agrupación social de las razas obrígenas. Una ley impremeditada con esa tendencia, sería un atentado más contra la raza; desquiciaría familia y propiedad a un tiempo mismo. Mi opinión es que no conocemos con exactitud y en su totalidad el problema y que, por lo tanto, mal podemos intentar una acertada solución. Un deber de probidad aconseja a nuestros dirigentes estudiarlo previa y profundamente. Envíense, para ello comisiones formadas por magistrados estudiosos y capaces y agrónomos competentes, que estudien con detenimiento sobre el terreno, en las diversas regiones del país, la multiforme estructura de las comunidades y ayllos; la condición y extensión de las tierras de comunidades y reúna, así, prolijamente todos los datos y observaciones que permitan después a una comisión especial, interpretar ese material y formular un proyecto de ley sobre la materia con verdadera y auténtica información al respecto. Se trata de un problema social y jurídico que debe resolverse de acuerdo con los datos de la sociología y de la economía. No es una cuestión de derecho puro que pueda resolverse teóricamente desde el bufete o la cátedra. [289] Para estudiarlo o resolverlo, hay que penetrar de lleno en la realidad y estudiar muy de cerca la vida. La ley es una síntesis que supone muchos análisis previos. Más que trabajos de conjunto, necesitamos muchas monografías especiales consagradas al estudio de los ayllos, comunidades y regímenes agrarios regionales.

Trátase de una forma histórica de agrupación social con perfecta capacidad de querer y de obrar en defensa de fines e intereses concretos; el derecho nacional no pude desconocer esa realidad social y negarle capacidad jurídica. Nuestra política jurídica tiene que partir de la existencia de ese hecho, de esa realidad indiscutible y establecer y reglamentar las condiciones y formas para el reconocimiento de esas agrupaciones humanas. Pretender destruirlas por medio de leyes y decretos, como en los primeros años de la República, es una ingenuidad y un grave error. Hay, empero, que hacer justicia al sentido, la inspiración y la tendencia de la notable ley de 31 de marzo de 1826. Bien han hecho también, siempre nuestros tribunales en reconocer a las comunidades personería para demandar y defender en juicios sus derechos.

Durante la República, la comunidad ha sido y es una institución que ha llenado y llena una función de protección, de garantía y amparo de la raza indígena; una forma respetable de asociación y de cooperación que nada aconseja destruir por obra de la ley; frente a la expoliación del gamonal y del cacique y al abuso de la autoridad, la comunidad ha sido y es una forma de resistencia y de defensa, un baluarte que la vida ha creado, cumpliendo una alta función de conservación. Por supuesto, que al fin humano; el fin de justicia y de garantía pasan para mí antes que todos los otros fines subalternos como son la circulación de la propiedad, el desarrollo de la agricultura, el perfeccionamiento de los métodos de cultivo. Todos estos fines puramente económicos, deben subordinarse a los grandes fines morales de justicia y protección. Si el indio no sabe cultivar la tierra con los métodos e instrumentos de la agricultura intensiva, no es, por cierto, el remedio lógico del mal el privarle de sus tierras. No es el caso de exponer aquí, todas las razones favorables a la propiedad y a su adecuada y justa distribución. Creo que uno los datos del problema, es el hondo amor del indio por la tierra, lejana herencia de una secular civilización rural y agrícola; amor que no conviene desarraigar mientras no se le pueda sustituir con otros valores y sentimientos morales. La propiedad es una verdadera garantía para la vida del indio, para su independencia económica, para su felicidad. Si la ley, como resultado de las investigaciones y estudios que se hagan, considera conveniente favorecer la transformación de la propiedad colectiva en propiedad individual, en pequeña propiedad, deberá hacerlo en forma tal que, en ningún caso, signifique eliminar ni cancelar la propiedad agrícola del indio. Por el contrario, para asegurarla y hacerla efectiva, en los casos en que la división de las tierras de las comunidades no fuesen suficientes, iría hasta sostener la necesidad de las expropiaciones de tierras por el Estado, con el fin de constituir la pequeña propiedad del indio, protegida por un homestead, a la manera del que ha establecido el nuevo Código Civil del Brasil y del que estudian los legisladores paraguayos [290] y los economistas bolivianos, a fin de favorecer y proteger la constitución de la pequeña propiedad agrícola.

La futura ley, tendrá necesariamente que distinguir el régimen de tierras de cultivo, del régimen de los pastos comunales. La tierra de pastoreo puede, sin grave inconveniente, continuar siendo poseída en común como acontece todavía en muchas comunidades de aldea del mundo.

Quizá convendría también estudiar y experimentar una dirección y una administración de las comunidades existentes bajo la autoridad y dirección técnica de ingenieros agrónomos, que organizasen el trabajo y dirigiesen los cultivos con los métodos, elementos, maquinarias y abonos de la agricultura moderna, conservando y utilizando la cooperación y el esfuerzo colectivo de la comunidad, que podría evolucionar así favorablemente con beneficio para sus miembros y para la riqueza agrícola del país.

En todo caso, y mientras se estudia y resuelve la complicada cuestión de las comunidades, es urgente establecer una especial protección legal del indio, que impida continúe despojándosele de las tierras que posee, al amparo de leyes y de procedimientos judiciales que ignora. Esta protección especial se justifica por su ignorancia del castellano, por su ignorancia del derecho, por su debilidad y su abandono frente al gamonal y al cacique. Es indispensable una ley, como la boliviana de 5 de octubre de 1874, que de intervención al Ministerio Fiscal, bajo pena de nulidad, en todo contrato sobre tierras celebrado por el indio. El representante del Ministerio Público, debe intervenir para cerciorarse de si el vendedor es realmente dueño de la tierra que vende y tiene derecho para disponer de ella, si libremente convienen venderla, si efectivamente recibe el justo precio, con lo que se evitaría el sinnúmero de expoliaciones y abusos que en la actualidad se cometen. Ya el Código Civil de los Estados Unidos del Brasil ha establecido, por razones análogas, la limitación de la capacidad jurídica del selvícola, protegiéndola con garantías especiales y eficaces.

Después de haber recorrido el Centro y el Sur del Perú, y de haber observado la vida y costumbres del indio boliviano, estoy persuadido de que es indispensable estudiar todas estas cuestiones en el medio mismo en que el indio vive, en íntimo contacto con la realidad social, en el gran laboratorio de la vida. Así estudiaron y conocieron el Perú, Francisco de Toledo, Toribio de Mogrovejo, Ramón Castilla, y así fue su obra de castiza y de sabia. Hay que ir al altiplano y a la serranía; hay que ver y conocer las dificultades de las cosas en contacto con ellas. Así estudió Kovalewski la propiedad en las diversas regiones de Rusia. Así está iniciando el estudio del problema la empeñosa y bien orientada juventud intelectual del Cuzco. La próxima excursión universitaria merecería ser consagrada al estudio del ayllo, de la comunidad, de la cuestión agraria indígena en los departamentos de Puno y Cuzco, en los que se ofrecen al estudio todas las múltiples variedades de su organización. Por cierto que su esfuerzo no podría, en manera alguna, agotar la materia, pero sería profundamente interesante por la aplicación de los métodos más nuevos y eficaces al estudio de la sociología jurídica y del derecho nacional y por [291] la orientación de verdad científica que podría dar al estudio de tan interesante problema nacional. Claro está que sería indispensable dotarla de colaboradores e intérpretes, que poseyeran el quechua y el aymará. Para ello, y por muchas otras razones, debería organizarse tal excursión con el indispensable concurso de la juventud cuzqueña y puneña que con tanto amor estudia los problemas de la raza indígena.

Tales son, en desordenada síntesis, algunos de mis puntos de vista sobre la materia, siempre dispuesto, por cierto, a rectificarlos con mayor estudio y mejor observación de la realidad.

Juan Bautista de Lavalle

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