Filosofía en español 
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Comité Ejecutivo del PCE

Reforma Suárez. Fraude a la libertad y soberanía popular.

El Partido Comunista de España rechaza por antidemocrático, el proyecto de Reforma política dado a conocer por el Gobierno Suárez.

Suárez constata el fracaso de la versión reformista del Gobierno Arias, retoca el viejo ropaje pero conserva las intenciones. Si con palabras dice que la soberanía popular es la única fuente de legitimidad, en los hechos persiste en negar al pueblo los instrumentos para el ejercicio de esa soberanía. Su reforma tiene que ser aprobada por las Cortes y el Consejo Nacional, es decir, las instituciones del viejo régimen, y daría lugar a un referéndum antidemocrático. Las elecciones anunciadas estarían prefabricadas por el Gobierno, controladas por los Gobernadores Civiles, excluyendo de ellas al Partido Comunista y otras fuerzas sin cuya aportación no tienen solución las graves cuestiones que hipotecan el presente y el futuro de España. Esas elecciones no tendrían, como se ha dicho, carácter constituyente alguno porque la reforma de Suárez equivale ya al esquema de una Constitución impuesta.

La Ley de reforma política de Suárez es una ley impositiva, de fraude-de la libertad y la soberanía popular. Condiciones mínimas de cualquier consulta son la libertad de todos los partidos, el control democrático de radio y televisión y del conjunto de las operaciones electorales.

El Gobierno Suárez ha negado en los hechos la intención que se atribuyó de negociar con la oposición. No se ha negociado y Suárez se ha sacado del bolsillo un proyecto unilateral que desconoce los planteamientos e iniciativas de todas las fuerzas democráticas. Y lo único que Suárez ofrece negociar es la aplicación de su reforma, oferta inaceptable para la oposición democrática.

El Gobierno persiste en negar la amnistía total y la entrada y actuación libre en España de Dolores Ibárruri y Santiago Carrillo; utiliza la fuerza de orden público como instrumento de sangrienta represión contra el pueblo, particularmente en el País Vasco, creando así tensiones de previsibles y dramáticas consecuencias; mantiene los Tribunales de excepción y separa del Ejército a militares demócratas; pretende que las organizaciones sindicales obreras pasen por la "ventanilla" rechazada ya por los partidos políticos con sentido de la dignidad y de sus derechos; decreta "silencios oficiales" para encubrir escándalos y sobornos; suspende actos y Congresos; persigue y ataca manifestaciones ciudadanas.

Un Gobierno así se desautoriza de antemano para presidir un proceso electoral. Sólo un Gobierno provisional, de amplia coalicción, surgido de la negociación, podría convocar unas elecciones democráticas y abrir un auténtico período constituyente.

El Partido Comunista de España denuncia la irresponsabilidad de un Gobierno que actúa a espaldas de las imperiosas exigencias de la actual hora de España. Su proyecto de Ley recuerda el intento caetanista que fue rechazado por todas las fuerzas democráticas portuguesas. Quien se halla detrás de ese Gobierno no debiera ignorar que intento similar hubo en la historia contemporánea de España, cuando el general Berenguer, proyectando salvar a la Corona, no hizo sino acelerar el advenimiento de la República.

El presidente Suárez ha declarado que sin despejar las incógnitas políticas que gravitan sobre el país no podrá existir reactivación ni estabilidad económica. Pero justamente cuando la agudeza de la crisis económica y sus repercusiones para el pueblo se acentúan, pretende prolongar una política de imposición antidemocrática, cuyas consecuencias económicas y sociales no ofrecen, incógnita alguna.

El Partido Comunista de España reitera las propuestas hechas en su Comité Central celebrado en Roma a toda la oposición para la negociación con el Gobierno. La solución de la crisis política y económica del país ha de partir de: la promulgación de una auténtica amnistía; el libre funcionamiento de todos os partidos políticos y la libertad sindical; la constitución de un Gobierno provisional, de reconciliación nacional, que garantice elecciones libres y limpias a un Parlamento Constituyente; la formación de Gobiernos autónomos de Cataluña, Euskadi y Galicia; elaboración, en el proceso constituyente, de Estatutos de Autonomía para las regiones que los reclaman.

El Partido Comunista de España denuncia la irresponsabilidad de un Gobierno que pretende cerrar el paso a las aspiraciones de los pueblos de España a ejercer sus derechos democráticos, único cauce real para el fortalecimiento de la cohesión y desarrollo de España; de un Gobierno que pretende atribuir al Ejército la responsabilidad de disposiciones antidemocráticas, contrarias a los intereses y la unidad de los pueblos de España.

El Partido Comunista de España, al rechazar las intenciones y la letra del proyecto de Ley de reforma de Suárez, reitera su voluntad de negociar, junto a toda la oposición, con el Poder, incluido el propio Gobierno. Los objetivos de esa negociación han sido definidos por las instancias de la oposición reunidas el pasado 4 de septiembre, en los siguientes términos: "ruptura democrática que abra un período constituyente en base a las libertades democráticas, la libertad sindical, la amnistía sin exclusiones, los derechos políticos de las nacionalidades y regiones". Sólo un Gobierno capaz de negociar con la oposición demostrará su voluntad de abrir un cauce democrático al futuro del país.

La convergencia de todas las fuerzas de oposición, la movilización ciudadana y de todos los pueblos de España por la amnistía total y contra las prácticas represivas, por la libertad, el Gobierno provisional y el Parlamento Constituyente impondrán la negociación y el cambio democrático.