Filosofía en español 
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Manifiesto de la Reconciliación de la Junta Democrática de España

La JUNTA DEMOCRATICA DE ESPAÑA ha logrado el primero de sus objetivos: la creación de una sola y concreta alternativa política que, como estrategia de la libertad para el pueblo español, permite pasar por vía pacífica del Estado dictatorial al Estado democrático.

La salida de la dictadura es ahora realmente posible porque frente a ella no está el «caos» o el «comunismo», como necesita decir el régimen, sino el orden democrático y convivencial que, tras la Declaración de la Junta, se ha prefigurado en la imaginación social.

Este éxito cualitativo y germinal de la democracia ha sido posible tanto por da formidable respuesta de las fuerzas activadoras de la democracia, organizándose por toda España en Juntas democráticas territoriales y sectoriales, como por la favorable acogida dispensada en los más diversos ámbitos sociales del país al pacto político nacional reflejado en nuestra primera declaración. Ambos hechos agudizan hasta el extremo de la intolerancia las contradicciones internas del Régimen, encerrándolo en una desconcertada actitud defensiva que le lleva hacia la Incoherencia y la descomposición.

Además, la aparición pública de la Junta Democrática de España en el momento justo en que se desencadenó la sórdida disputa por la Sucesión entre das distintas camarillas que controlan el Estado, desveló a tiempo la conciencia histórica de la necesidad de una acción cívica, común a todas las clases sociales y a todos los pueblos que componen la comunidad de España, para liberar a la sociedad del Régimen político que oprime su desarrollo.

Por haber sabido expresar esta necesidad de una acción nacional interclasista, tan alejada de un pacto exclusivo entre los dirigentes políticos de la oposición convencional, como de una combinación con el Poder, las Juntas Democráticas han despertado un inmenso eco de esperanza y de confianza popular, y han consagrado a la Junta Democrática de España —pese a las reticencias y vacilaciones de algunas formaciones democráticas ensimismadas en la «espera inactiva» o en el «radicalismo pasivo»— no sólo como la plataforma unitaria e irreversible de la oposición al nivel del Estado, sino como el principio y configuración del poder político que la sociedad española necesita potenciar en términos de acción para construir una democracia moderna.

La alternativa democrática a la dictadura no es ni una coalición de personalidades, partidos políticos y sindicatos en busca de un Estatuto, legal o tolerado, de la oposición, ni un Gobierno Provisional de esa coalición en busca de cargos políticos en el Estado. La alternativa democrática es sólo 'la condición previa y necesaria, pero insuficiente, para la transformación democrática del Estado. Insuficiente, porque esto no se consigue ni desde la oposición, por vía de presión verbal sobre el Régimen para que se autoelimine, ni desde el Estado autoritario, por vía de evolución legal, para que se autorreforme. Pretender que el símbolo de la alternativa democrática pase directamente a detentar el poder del Estado equivaldría a permanecer en la ilusión de otra «espera inactiva», o, si se produce la llamada de quien puede llamar, a comprometerse con su consecuencia inevitable: continuidad del mismo Estado y liquidación de la alternativa democrática. Supondría, pues, en definitiva, oportunismo político.

La democratización real del Estado autoritario sólo se consigue desde un poder político independiente que surja de la sociedad, y que asuma las funciones del Estado cuando tenga suficiente potencia para transformarlo en democrático.

La alternativa política se limita a crear las condiciones para que ese nuevo poder se manifieste en dirección liberalizadora de la sociedad y transformadora del Estado.

En el verano pasado, la acción política oportuna fue la aparición pública de la Junta como alternativa democrática al continuismo del régimen, bajo la monarquía del Príncipe. En esta primavera, para no quedar a la zaga de los acontecimientos, que han entrado en intensa aceleración, la acción política oportuna debe ser la manifestación pública e inequívoca del poder político de liberación que yace latente en ese seno de todos los sectores sociales frenados, reprimidos o deprimidos bajo el Régimen.

La tarea histórica que incumbe hoy a todas las formaciones políticas, sindicales, profesionales, sociales y culturales, que sean expresión de la conciencia democrática, o que accedan ahora a ella desde un pasado públicamente superado, estén o no representadas en las Juntas Democráticas, es la de orientar las acciones de sus respectivas bases en esta exigencia de autoliberación democratizadora.

Sin embargo, para que se manifieste el poder político ciudadano no basta con el indispensable voluntarismo movilizador de toda la militancia política y sindical de las organizaciones democráticas. Deben entrar en la escena de la reivindicación social y política centenares de miles, millones de personas, partidarias de la democracia y de las libertades, hasta ahora inhibidas de las cuestiones públicas por la inercia defensiva ante un Régimen represivo, por el efecto adormecedor de la demagogia oficial que proclama la evolución del sistema hacia la democracia, y por la ausencia de incitaciones originales y eficaces por parte de la oposición.

Pero el Régimen es impotente ante la «conspiración» de la sociedad. Las manifestaciones públicas de convergencia ciudadana de las clases populares, medias y profesionales, sin peligrosidad social, y sin poner en cuestión ni la unidad de España ni la propiedad privada, desarman a la voluntad política de represión y disuaden a las fuerzas militares de toda intervención fratricida.

El verdadero obstáculo que encuentra en su camino el impulso histórico de España hacia la democracia real, no reside sólo en la represión física que el Régimen ejerce contra el activismo sindical o político de la oposición, sino en la violación moral de las muchedumbres, reducidas al silencio en el refugio de su quehacer privado, por una propaganda totalitaria de signo aperturista, que les hace creer en la posibilidad de alcanzar las libertades políticas por concesión generosa del Gobierno, mediante reformas paulatinas de la Ley.

Por ello, la Junta Democrática de España dirige a todos los españoles que confían en llegar a la democracia, por evolución del Régimen, la siguiente tesis:

La evolución democrática del Estado por vía de reformas legales es, objetiva y subjetivamente, imposible.

Desde un punto de vista objetivo, la reforma del Estado autoritario no puede hacerse desde la misma estructura de poder que lo sostiene, porque la lógica interna y la función histórica de dicha estructura, con independencia de las intenciones personales de quienes la protagonizan, es de naturaleza social invariante. En el caso del Régimen franquista, su lógica y finalidad fundamental es la de suprimir la libertad política a todas las clases sociales .para poder reprimir al movimiento obrero y a las nacionalidades españolas mediante la violencia institucionalizada. Esta finalidad es la invariante social del franquismo. Todo intento de reforma de su lógica interna, se producirá fatalmente en función de dicha finalidad fundamental.

En efecto, dos hechos inducen al Régimen a plantearse la cuestión de su reforma: la ruina biológica del Jefe del Estado y la ruina política de su obra.

La necesidad física de sustituir al dictador, que no tiene sustituto, por los elegidos de las fuerzas sociales que controlan el Estado, obliga a modificar el método de selección de la clase gobernante. Esta es la significación política del Estatuto de Asociaciones, que intenta remodelar el criterio gobernante del Régimen, como si estuviésemos en la víspera del Decreto de Unificación de Abril del 37, pretendiendo instaurar una dictadura ideológica que excluya incluso a los posibilitas católicos y a los monárquicos liberales.

La triste y monótona historia del Régimen —ir encajando los conceptos y fenómenos sociales que pretendía haber eliminado para siempre: liberalismo económico, regionalismo, relaciones con los países del Este, desorden público, huelga...—, pone en evidencia el fracaso del método de Franco. Devolver la libertad política a los sectores burgueses que estén dispuestos a utilizarla para continuar, por métodos seudodemocráticos, la finalidad fundamental del Estado franquista, es la significación política de los proyectos de asociación para la «reforma democrática!. Proyectos que intentan remodelar el equilibrio de poder del Estado, como si estuviésemos en la víspera del Decreto de exaltación a la Jefatura del Estado de primero de octubre del 36, pretendiendo instaurar una monarquía primorriverista de los vencedores.

En ambos casos se trata de una vuelta al pasado, para rehacer el Estado falangista o el Estado monárquico que Franco ha impedido. Porque la fatalidad histórica de todo . intento de reforma estriba en que su acción solamente se puede cumplir en la dirección que le ha dado el impulso de donde nace, y desde el cuadro social donde se desarrolla. Es decir, en y desde el 18 de Julio. Por muy liberales que sean las intenciones personales de quienes promuevan las reformas, su acción política no puede tener otra función histórica que la de una «contrarreforma antidemocrática».

Pero desde el punto de vista subjetivo, tampoco es un azar que los hombres elegidos por el Gobierno para llevar a cabo la operación «reforma democrática» no sean hombres de Estado, que interpreten, sinteticen y arbitren las distintas y opuestas fuerzas sociales para configurar o traducir, en términos políticos y jurídicos, un nuevo Estado democrático, sino simples hombres del Estado que interpretan, sintetizan y arbitran los distintos grupos y clanes gobernantes para continuar, con nueva fachada liberal, el mismo Estado autoritario del que son sus funcionarios.

La fracasada operación «reforma democrática» se manifiesta así subjetivamente imposible y cobra el significado político que realmente tiene: frenar la presión democrática de la sociedad sobre el Estado y sacar al Presidente del Gobierno de su inestable posición, situándolo en el centro gobernante de una ultra-derecha asociacionista y de una derecha reformista que se equilibren mutuamente.

No nos confundamos: una cosa es la evolución democrática de la sociedad, como proceso social que no exige solución de continuidad en su desarrollo pacífico, y otra muy distinta la transformación democrática del Estado como proceso político que exige la ruptura de la continuidad jurídica e institucional del Régimen. Pues bien, para conservar y garantizar el carácter pacifico del proceso social hacia la democracia, que es lo que el pueblo español desea, es absolutamente imprescindible un acto de ruptura democrática de las leyes políticas de la dictadura, que abra simultáneamente a todas las clases y categorías sociales el proceso constituyente del Estado democrático.

Por muy pacífico, ordenado y tranquilizador que sea este proceso de cambio del Estado autoritario al Estado democrático, a nadie se le oculta, en la derecha o en la izquierda, que este cambio, pese a que no altere las estructuras económicas, supone una auténtica revolución política. No se trata de una cuestión de palabras: evolución o revolución. Ni de distintos caminos para llegar a la misma meta. Quien se pronuncie hoy por las reformas legales en lugar, y en contra, de la conquista del poder político de la sociedad por las fuerzas activas de la democracia, no está eligiendo en realidad una vía más tranquila, más segura y más lenta que conduzca al mismo fin, sino un fin diferente: la continuidad del mismo Estado reaccionario.

La forma de alcanzar la «ruptura democrática» predeterminará la consistencia social del futuro orden democrático. De ahí la necesidad de que concurran al acuerdo nacional formalizado en la Junta Democrática de España todas las fuerzas sociales y políticas que, habiendo superado la guerra civil, aún no han roto el cordón umbilical que las retiene unidas a un Estado que expresa, y mantiene políticamente, la contienda intestina.

De ahí la urgencia de que se integren en la Junta Democrática de España —que permanece abierta sin haber adoptado ningún acuerdo de estructura orgánica— las formaciones políticas y plataformas democráticas que aún no lo han hecho. En consecuencia: para impedir la continuidad de la política económica de «desempleo inflacionista» aceptada por el Gobierno (como la última dimisión y cambios ministeriales denuncian), para impedir la continuidad del aislamiento internacional de España, y para impedir la continuidad de la ficción de un Estado que no corresponde jurídica y políticamente a la realidad social, la Junta Democrática de España, estimando que los poderes democráticos de la sociedad superan a los poderes reaccionarios, llama a todo el pueblo español, a todas las clases sociales, para que acelere el momento y encuentre la forma de la «ruptura democrática» del Régimen, participando en las siguientes acciones de RECONCILIACION NACIONAL:

1. Las Juntas Democráticas, en sus respectivos ámbitos y bajo su total autonomía, convocarán y coordinarán todo tipo de acción política o social capaz de mover pacíficamente a las masas hacia objetivos concretos de interés para el conjunto de la población o para sectores determinados de la misma, que puedan ser compartidos por las clases sociales opuestas sin renunciar a sus respectivas motivaciones o acciones de clase.

2. La Asamblea de Cataluña, la plataforma unitaria vasca, y la Junta Democrática de Galicia, son invitadas a concurrir a esta convocatoria con las acciones democráticas peculiares de su identidad nacional, bajo el signo político de la restauración de los (Estatutos de autonomía, «dentro del Estado español».

3. Las Juntas Democráticas regionales son llamadas a convocar también acciones de identidad regional, bajo el signo político de la instauración democrática del Poder regional dentro del Estado español.

4. La Junta Democrática de España, en el momento que determinen las acciones parciales a que se refieren los puntos anteriores, convocará y coordinará en todo el territorio español una jornada de acción democrática, de abstención cívica de toda clase de actividad laboral y empresarial, tanto en el sector privado como en el sector público, bajo el signo político de la RECONCILIACION NACIONAL