El problema nacional y el programa de la Junta Democrática

La creación de la Junta Democrática de España ha impreso un nuevo ritmo a la marcha hacia la libertad. En la España de hoy la conquista de la libertad política es la clave de cualquier otro avance político social, la premisa también de la conquista de las libertades nacionales de Cataluña. Euzkadi y Galicia.

En los doce puntos de la Junta Democrática se halla explícita la garantía de la libertad política. Mas se hallan implícitas también las libertades nacionales y la perspectiva de solución de los problemas regionales. El punto nueve, referido a estos problemas, reza así: «El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego, y de las comunidades regionales que lo decidan democráticamente».

En opinión del que esto escribe ese punto representa un hito histórico. Es la primera vez que en un órgano político de oposición a nivel de todo el Estado, compuesto por fuerzas tan disímiles y socialmente antagónicas como las que constituyen la Junta Democrática, se establece un claro punto de partida que ofrece un principio de solución democrática a problemas tan complejos como son el nacional y el regional.

Esa propuesta tiende a cortar de raíz la actitud política represiva del régimen tanto respecto al problema nacional como a su incapacidad para abordar los problemas regionales; a corregir la posición tradicional de la derecha española y a sentar el criterio frente a determinadas fuerzas políticas que no pueden catalogarse en las esferas citadas, que éste, corno otros problemas de la vida pública, del Estado, necesita ser abordado de acuerdo con los nuevos tiempos y la voluntad soberana del pueblo.

¿Podría planteársele a la Junta Democrática de España, por ejemplo, la exigencia del reconocimiento del derecho de autodeterminación para Cataluña, Euzkadi y Galicia? Plantearse la citada exigencia, como reivindicación inmediata, significaría olvidar lo que es y representa la Junta, lo que se propone, la fase de la lucha en que nos hallamos y lo que significa el derecho de autodeterminación como objetivo revolucionario, a qué nivel, en qué momento y con qué fuerzas en el poder estatal habrá de ser conquistado.

La Junta Democrática de España no es un Frente Popular ni una alianza de Izquierdas. No se propone establecer en España una democracia avanzada, político-social fase en la cual los pueblos catalán, vasco y gallego, contando con la comprensión y la solidaridad del proletariado y el pueblo de toda España, podrán conquistar su derecho a autodeterminarse. La J.D. es un ente político en el que la fuerza más revolucionaria de la actual sociedad, el proletariado, y la fuerza socialmente más representativa del moderno capitalismo, con la representación de otras capas burguesas y pequeño burguesas, han convergido, se han puesto de acuerdo (abierto a otras fuerzas no presentes aún en la Junta) en el objetivo concreto de acabar con la dictadura actual y sustituirla por un régimen de libertades.

En consonancia con ese objetivo están sus 12 puntos que, no cabe olvidarlo, son producto de esa realidad, de un necesario compromiso político. Además, no son un programa completo de Gobierno (ya que la Junta tampoco es aún un Gobierno provisional) sino grandes líneas, la aplicación de las cuales ha de garantizar el logro del objetivo central propuesto.

En el punto nueve de la Junta se ha logrado un equilibrio que da respuesta positiva a una cuestión que, en su enfoque a nivel general del Estado, es vital para cimentar y consolidar en España la democracia política. De una parte, es indispensable el reconocimiento de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco y gallego y de aquellas comunidades regionales que democráticamente lo decidan. Entre otras razones, porque la raíz del problema nacional está en ese no reconocimiento, y porque, además, las fuerzas de esas nacionalidades y regiones que se están movilizando contra la dictadura pesan tanto que sin su aporte no hay libertad ni democracia posibles. Mas de otra parte, se trata de garantizar asimismo la unidad del Estado español democrático, necesaria por diversos motivos, pero también porque esta unidad es muy cara al Ejército y demás fuerzas armadas y a importantes zonas de la administración y de la vida política española. Pero no le es menos cara al conjunto de los españoles, y muy especialmente a su clase obrera. Esto al margen del conocido criterio de la derecha tradicional, siempre centralista. ¿Y acaso no es obvio también que sin el aporte de todas estas fuerzas tampoco es posible conquistar la democracia y estabilizarla?...

En nuestra interpretación, el punto nueve de la Junta no solo tiene en cuenta con realismo esos factores, sino que va al encuentro del interés general tanto de las nacionalidades como de esa necesaria unidad del Estado. En un aspecto, porque las fuerzas democráticas de Cataluña, Euzkadi y Galicia, aun aspirando a disponer del derecho de autodeterminación, lo que reivindican para esa etapa, como punto de partida o fase provisional de su autonomía, son los Estatutos de los años 30. En otro aspecto, porque esos Estatutos están concebidos dentro de la unidad del Estado y la constitución democrática entonces existente.

Entre el reconocimiento de esa personalidad política a nivel del Estado y la entrada en vigor de esos Estatutos autónomos de 1936 en Cataluña, Euzkadi y Galicia, no existe una relación mecánica, sino dialéctica. Esto es obvio y de ello hay que ser conscientes. La puesta en vigor de esos Estatutos dependerá de la correlación de fuerzas, del consenso general con que cuentan esos instrumentos provisionales en todas y cada una de las nacionalidades y de la comprensión general de esa necesidad a nivel de España y, muy especialmente, de las fuerzas que integren el Gobierno. Dependerá de un convencimiento generalizado de que este hecho político no atenta en absoluto a la unidad del nuevo Estado democrático.

De otra parte, el que el Estado español democrático sea un Estado unido no presupone que sea un Estado centralista. Presupone que dentro de las actuales fronteras de España, si bien habrá Gobiernos autónomos no habrá separatismos. Porque no los haya, respetando la voluntad popular y esforzándonos por influir en ella, luchamos y lucharemos los comunistas. Porque si bien la clase obrera tiene una actitud favorable a los derechos nacionales, es, por motivos fundamentales, contraria al separatismo, no quiere que se rompa la unidad del Estado democrático.