Filosofía en español 
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J. Izcaray

Iglesia-Régimen, de la tensión al conflicto

«El derecho de los pueblos a conservar su identidad incluye también la facultad de estar dotados de una organización socio-política que proteja y promueva su justa libertad y su personalidad colectiva» «La unidad política no se identifica con la uniformidad. El Estado ha de estar al servicio de las personas y de los pueblos y ha de respetar sinceramente el pluralismo social y cultural existente en el país» (De la homilia aprobada por monseñor Añoveros)

Al formarse el Gobierno sorpresa, su coro de ultras, algunos con mitra, auguró una rápida «normalización» de las relaciones entre la Iglesia y el régimen. Probablemente, por normalización entendían que la parte conciliar de la Iglesia, hoy mayoritaria, suspendiese sus críticas al estado de cosas engendrado por la dictadura.

Al cabo solamente de algunas semanas, ha podido comprobarse que tampoco en este dominio el Gobierno del clan del Pardo tiene posibilidades de mejorar la situación del régimen. No sólo no ha ocurrido lo que se aseguraba, sino todo lo contrario. Jamás, desde que la Iglesia española comenzó a distanciarse de la dictadura, las relaciones entre ambas han sido tan agrias. Del distanciamiento y la tensión se ha pasado al conflicto. Pues, efectivamente, a eso asistimos: a un conflicto, a un enfrentamiento concreto, entre el régimen franquista, de un lado, y la Iglesia española y el Vaticano por otro.

En su discurso de presentación, Arias Navarro amenazó al Episcopado anunciándole que rechazaría «cualquier interferencia en las cuestiones que... están reservadas al juicio y decisión de la autoridad civil». O lo que es lo mismo: ¡A callar se ha dicho! Con este espíritu, al ser leída en las iglesias de Vizcaya una homilía del obispo Añoveros, en la cual se defienden los derechos del pueblo vasco, el Gobierno consigna al prelado en su domicilio —igual que al vicario general, Ubieta— y días después le expulsa del territorio nacional.

El señor Arias Navarro ha medido mal sus fuerzas, mal, asimismo, las que predominan hoy en la Iglesia y, probablemente peor aún, la realidad actual española. Porque he aquí que el obispo se niega a salir de su diócesis sin autorización papal. He aquí que los católicos vascos —y no sólo vascos— despliegan una vigorosa protesta contra el ukase gubernamental por medio de manifestaciones, recogida de firmas, encierros en iglesias, etc. He aquí que todos los cardenales de España manifiestan individualmente su solidaridad con monseñor Añoveros. Y he aquí que el Papa sostiene visiblemente al obispo expulsado. (Esté ha declarado que, incluso, ha mantenido con Pablo VI una conversación telefónica «que ha reconfortado muchísimo».

¿Qué final tendrá el conflicto? Cuando escribimos este comentario, la orden de expulsión data ya de cinco fechas y sigue incumplida. Hay gestiones, entrevistas en las que hasta Franco interviene, reuniones ministeriales... No nos extrañaría que la orden quedara sin efecto y el asunto terminara con una franca derrota del Gobierno. Su flamante e imprevisto presidente no sólo ha cometido una violencia dictatorial, sino una falta grave. Pues, se consume o no la expulsión, la medida en sí agudizará y extenderá la oposición a la dictadura en los ámbitos católicos, fortalecerá las posiciones de las jerarquías y sacerdotes conciliares y progresistas y debilitará, en el seno de la Iglesia española, las de los altos dignatarios incondicionales del franquismo. Coincidiendo en el tiempo con la horrible ejecución del joven Puig, ha reafirmado ante la opinión mundial que en el régimen de Franco no hay ni sombra de liberalización, que sigue siendo un régimen fascista.

Otra demostración de que el intento de hacer callar a la Iglesia conciliar era el sueño de una noche en el Pardo, lo tenemos en la Carta Pastoral de los prelados catalanes, integrantes de la Conferencia Episcopal tarraconense. Su expresivo título ya da una idea general de su contenido: «Para un esfuerzo de renovación y reconciliación». Se trata de una pública manifestación de la disconformidad de la Iglesia catalana con la situación creada por la dictadura y, en suma, con la dictadura misma.

Reconciliación entre los españoles, reconciliación «a todos sus niveles y dimensiones», piden los obispos catalanes. Y \pese a que los periódicos sólo han publicado un prudente resumen de la Pastoral —en este capítulo aún más sucinto que en otros— se transparenta que, no única pero sí principalmente, los prelados cifran esa reconciliación en la desaparición del espíritu de guerra civil mantenido por el régimen. «Puesto que ha habido ruptura ha de haber reconciliación». Más para ello, «no basta con un abrazo de paz mientras permanezcan las causas del distanciamiento». Y entre ellas señalan «las opresiones estructurales», «las coacciones contra aquellos de quienes se pretende que enmudezcan porque estorban», «la intolerancia obsesiva de los grupos que se resisten a aceptar un sano pluralismo en la Iglesia y en la sociedad». Para concluir lógicamente: «En la vida política hay que llegar a un efectivo reconocimiento jurídico de los derechos de reunión, asociación y expresión, así como dé los de las minorías étnicas existentes en nuestro país».

Son las libertades democráticas. En su demanda, la Iglesia catalana se pronuncia de forma clara y positiva, lo cual no dejará de influir en el incremento de la acción que, para conquistarlas, despliegan ya tantos católicos, seglares o no.

Igualmente nos satisface su planteamiento en pro de la desaparición definitiva de las secuelas de la guerra civil y de las divisiones que engendró, desdé hace mucho tiempo carentes de vigencia real. Percibiéndolo, nuestro Partido planteó hace ya varios lustros la necesidad histórica de la reconcialiación de esa inmensa mayoría de españoles que, cualquiera que fuese el campo en que estuvieran durante la guerra, todos ellos, en un grado u otro, han sido después víctimas de la política del franquismo. Pues ese es el enemigo de todos.

Nos parece lógico esperar que estos hechos que hoy comentamos, todas estas lecciones de la vida, impulsarán a organizaciones y personalidades católicas a avanzar, de consuno con la clase obrera y el resto de la oposición, en la elaboración de esa alternativa democrática común que sume las fuerzas capaces de instaurar en España la libertad y la convivencia.