Detenidos de postín

Los detenidos en la calle del Segre, puestos en libertad sin fianza, traen cola. Por lo pronto, jamás un ex ministro del Régimen había pasado por el T.O.P. Y muchos se preguntan de dónde partió la decisión de detenerlos, que se ha calificado de impolítica.

La primera cola es que los detenidos no parecen satisfechos con el calificativo de “ilegal” que la nota de la Jefatura Superior de Policía de Madrid daba a su reunión, sin que los tribunales se hubieran pronunciado sobre ella. Parece incluso que los abogados de algunos de ellos van a ejercer las medidas legales oportunas a esta imputación.

Los interrogatorios, de la Policía, primero, y del juez de Orden Público, después, no pusieron en claro sino que los reunidos estaban discutiendo sobre la posibilidad de fundar una revista. Estaban creando un partido político y eso no se puede tolerar, comentó, en cambio, un muy alto cargo del Gobierno, con responsabilidad sobre la Dirección General de Seguridad.

En cualquier caso, revista o partido, los funcionarios de la Brigada de Investigación Social entraron en la casa sólo cuando comprobaron que el ex ministro Ruiz-Giménez la había abandonado; también lo había hecho ya Fernando Álvarez de Miranda, del grupo “Tácito”. Y una vez en la sede de las oficinas de Crédito Federal, la Policía no detuvo a Manuel Díez-Alegría (hijo del ex jefe del Alto Estado Mayor y sobrino del jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado) ni a Carlos Alonso de Velasco, asesor legal y alto ejecutivo, respectivamente, de la empresa.

Entretanto, tenía lugar en la Presidencia del Gobierno una reunión del ministro Carro con sus más directos colaboradores para estudiar qué grupos o familias políticas, a la vista del estatuto de asociación política, próximo a aparecer, podrían tener cabida en la futura legalidad. Quizá incluso se estudiara la posibilidad de que algunos de los grupos a los que se supone representados por los detenidos en la calle del Segre pudieran acogerse al estatuto.

Funcionarios de la Dirección General de Seguridad dan por hecho que la decisión de detener a los 14 se consultó al Ministerio de la Gobernación. En los demás ministerios, incluida la Presidencia, parece que se enteraron a posteriori.

Tanto a los que pasaron la noche en los calabozos de la Dirección General de Seguridad como a quienes luego se les unieron a la hora de declarar, se les han imputado diversas ideologías y la pertenencia a grupos políticos, alguno ilegal, de tendencia moderada.

De acuerdo con esas suposiciones, se vincula al Partido Socialista Obrero Español a Felipe González Márquez, abogado, de Sevilla (se afirma que podría ser “Isidoro”, el primer secretario del P.S.O.E.); Nicolás Redondo Urbieta, obrero, de Bilbao; José María Benegas Haddad, abogado, de San Sebastián; José Pallach Canola, profesor, de Barcelona, y Amadeo Cuito Hernando, economista. A la Unión Social Demócrata Española se unen los nombres de Dionisio Ridruejo Jiménez, escritor, de Madrid; Antonio García López, economista, de Madrid; Manuel Gómez-Reino Carnota, sociólogo, gallego, y Heriberto Barrera Costa, profesor, de Barcelona. Entre los demócratas cristianos se sitúa a José María Gil-Robles y Gil-Delgado, abogado, de Madrid; Antonio Cañellas Balcells, abogado, de Barcelona; Javier Cassasas Miralles, empleado, de Barcelona, y Jaime Cortezo Velázquez-Duró, abogado, de Madrid. Por último, se adscribe a Juan Ajuriaguerra Ochandiano, ingeniero, de Bilbao, al Partido Nacionalista Vasco, de tendencia democristiana.

Los dos que no fueron detenidos, aunque luego prestaran declaración, fueron Joaquín Ruiz-Giménez, catedrático, de Madrid, a quien se señala como líder de la democracia cristiana, y Fernando Álvarez de Miranda, abogado, de Madrid, miembro destacado del grupo “Tácito”.

De ellos se afirma también que tendrían en proyecto la creación de una llamada Conferencia Democrática, de corte similar a la Junta Democrática de la que son cabezas visibles Santiago Carrillo y Rafael Calvo Serer.

Fernando Garrido