Corrupciones no delictivas de la democracia española
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España confederal como ejemplo insigne de corrupción democrática del Pueblo soberano / Partitocracia
[Ejemplo de corrupción (específica) [765] de la democracia de tipo no delictivo [774] que afecta a la capa basal [828] de la Nación política española]. [775]
No podemos abundar en el detalle (por otra parte necesario) de este proceso de transformación de España en un Estado confederal [742-743], al estilo balcánico, ni tampoco entrar en las causas exteriores que, a la sombra de los proyectos nazis sobre el futuro del mapa de España, pudieron estar ejerciendo en su influjo (Alemania, Francia, Inglaterra) sobre tal proceso.
Lo único que nos interesa subrayar aquí es que este proceso, que, por fortuna, todavía no ha tocado fondo, es un proceso que se lleva a cabo en nombre de la democracia y que se somete a todos los requisitos tecnológicos propios de un Estado democrático de derecho. Por ejemplo, el trámite de las decisiones pertinentes del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, o las de las propias Cortes Generales (como si ellas no estuvieran controladas por la propia partitocracia que promueve estos Estatutos [de Autonomía] [782].
Y es este proceso democráticamente conducido, aunque sea a trancas y barrancas, el que interpretamos como ejemplo insigne de corrupción democrática. Es decir, de degeneración de efectos indeseables para la Nación española, de fraude de ley, si se quiere (como algunos dicen), que la democracia, si no ha propiciado como tal, por lo menos lo ha facilitado [771] y en todo caso no ha podido conjurar.
¿O acaso no hay que considerar como un proceso de corrupción de la Nación española el que su lengua común, el español [706], esté vetada en nombre de la democracia, de hecho y de derecho, en algunas de las comunidades autónomas?
¿Acaso no hay que considerar como una corrupción de la soberanía de la Nación española [741] que ella se deje representar en el exterior por gobiernos comunitarios confederales, por no decir claramente secesionistas, que ponen “embajadas” en diferentes puntos del planeta?
¿Acaso no es una corrupción de la Nación española que su economía basal se considere dividida territorialmente en los territorios autonómicos [743] que recaudan los tributos mediante agencias tributarias también autonómicas, y luego pactan conciertos con el Estado, tras un balance de las aportaciones mutuas?
¿Y no es signo de una corrupción de la Nación española el que se hable de solidaridad entre las autonomías, como si la solidaridad no implicase el reconocimiento de la separación, atemperada por su unión contra terceros? ¿Quiénes son estos terceros?
Por último, ¿acaso no es una corrupción democrática de la Nación española la liquidación de una justicia común, el Tribunal Supremo, sustituido por diecisiete tribunales superiores de justicia?
El mecanismo mediante el cual se ha generado, se mantiene y avanza esta corrupción cancerosa de la Nación española a través de su trama democrática no parece encerrar ningún misterio. Determinados partidos políticos nacionalistas pudieron en marcha un efecto dominó autonómico de resultados imprevisibles, que ha conseguido de hecho una reproducción clónica de las estructuras autonómicas, con sus parlamentos, sus gobiernos, sus rituales, sus tribunales de justicia, sus televisiones autonómicas, sus aeropuertos autonómicos en proyecto, sus embajadas autonómicas, sus universidades públicas propias, sus culturas miméticas…, que muchos consideran como el gran logro de la transición. Y estos partidos políticos aprovechan la estructura parlamentaria para asegurarse legislativamente su victoria electoral partidista, pero vaciada de contenido político. (¿Qué competencias le quedan al Ministerio de Educación del Estado? ¿Y cuáles al Ministerio de Sanidad? ¿Y al Ministerio de Cultura?).
En todo caso, la fuente de la corrupción de la Nación española que su democracia canaliza no se fundamenta en los partidos políticos; se fundamenta en el dictamen del mismo pueblo soberano que se entrega al juego de esos partidos, es decir, a la partitocracia [897] (por otra parte ella misma fracturada autonómicamente y el pueblo con ella), dándole su voto mayoritario
{FD 338-339 /
→ FD 321-339 / → EFE:OC1 / → PCDRE:OC2 / → ENM / → ZPA / → EC95}