Filosofía en español 
Filosofía en español


Soberanía

(Política.) Ha dicho un célebre escritor de nuestros días que no pueden separarse lógicamente la idea de sociedad y la de gobierno, mientras no se pruebe que puede existir acción social sin sociedad o sociedad sin acción. Y en efecto, la idea de una sociedad política sin gobierno no es más que una abstracción, porque no hay dato alguno histórico para tener por probable siquiera que haya existido. Por el contrario, cuanto la historia nos dice de los pueblos civilizados, así antiguos como modernos, cuanto leemos en las relaciones de los atrevidos viajeros que han visitado en diversas partes del mundo pueblos no solo ignorantes, sino salvajes, todo nos demuestra que la sociedad es una condición esencial del género humano, y que no hay país donde el hombre no viva en sociedad y sujeto a un régimen más o menos perfecto. Considerando el estado social de cada nación se encuentran multitud de variaciones, considerando su forma de gobierno se encuentran muchas y grandes diferencias, que han dado origen a diversas calificaciones. Mas sea cual fuere la forma de gobierno, todos los publicistas reconocen la existencia de un poder supremo, sin el cual no podría existir la sociedad, porque semejante a un hombre sin acción nada podría hacer ni para conservar ni para alcanzar su fin. Este poder supremo ha sido designado por algunos escritores eminentes del siglo pasado con los nombres de imperium summum y jura majestatis (sumo imperio, derechos de la majestad). Según ellos, el estado que designaban con los nombres genéricos civitas y república, ya fuese monárquico, aristocrático o democrático su gobierno, una vez constituido no está sujeto a ninguna persona, ni a ningún otro estado; puede hacer libremente cuanto sea necesario para su conservación, sin que nadie tenga derecho a impedírselo ni a residenciarle por el ejercido de sus derechos, siendo justiciable para Dios, pero de ningún modo para los hombres. Estos es lo que se llamaba imperium summum. El conjunto de los derechos, sin los cuales no puede conservarse la seguridad del Estado, se llamaba jura majestatis. Entre estos derechos se distinguían unos que eran relativos a la seguridad interna y se llamaban permanentes immanentia; y otros que eran relativos a la seguridad exterior y se llamaban transitorios (transeuntia). Para la seguridad interior, que consiste, según el decir de estos publicistas, eran necesarios: el derecho de hacer leyes o potestad de legislar (jus leges ferendi); el derecho de aplicarlas (suprema jurisdictio); el de castigar a los extranjeros (jus poenas infligendi); el de tomar una parte de la riqueza de los particulares para atender a los gastos públicos (jus exigendi vectigalia et tributa); el de nombrar magistrados y empleados (jus instituendi magistratus atque administros). Para la seguridad exterior que consiste en que el Estado no pierda su independencia son necesarios: el derecho de hacer alianzas (jus perentiendi foedera); el de enviar embajadores (jus legatos mittendi); el de hacer la guerra (jus bellus gerendi); y finalmente el de hacer la paz (jus faciendi pacem).

El conjunto de derechos que acabamos de enumerar no se designa en los tiempos presentes con los nombres imperium summum, o jura majestatis, sino con los de poder supremo o soberanía, y es indudable que la soberanía existe en todas las naciones, porque es su fuerza vital y porque no puede haber, como antes dijimos, ni acción social sin sociedad, ni sociedad sin acción. Pero vemos que en unas naciones este conjunto de derechos, llamado soberanía, se ejerce por una sola persona; que en otras es ejercido por cierto número de hombres de la clase más elevada de la sociedad; que en algunas se ejercen por los ciudadanos en común, y que en otras unos derechos se ejercen solamente por un magistrado supremo que se titula príncipe, rey, emperador, &c., mientras otros no se ejercen por este sino en común con alguna corporación o asamblea. Vemos que unas monarquías son hereditarias y otras electivas, y que tanto en las unas como en las otras las leyes o las costumbres que determinan el modo de suceder o elegir son diversos: vemos, en fin, que las monarquías hereditarias se hacen electivas y las electivas hereditarias, que las monarquías se convierten en repúblicas y las repúblicas en monarquías. De todas estas variedades, y aun de muchas más, podrían citarse numerosos ejemplos históricos, fuera de que no son pocas las que ya se han visto en nuestro siglo. Pero no las vamos a considerar aquí como hechos históricos; y si las hemos enumerado ha sido solo para proponer sobre ellas estas dos cuestiones. ¿Puede señalarse a todas ellas un origen común? ¿Deben considerarse como resultados del ejercicio de un derecho?

Sabido es que en los días de la revolución francesa que llevó al cadalso al rey Luis XVI estuvo muy en boga no solo en Francia sino en otras naciones el Pacto social de Rousseau; libro donde no hizo más que explicar una teoría que él no había inventado, pero que logró hacer muy popular con la elegancia y belleza de su estilo. Antes que Rousseau habían sostenido y aun enseñado otros escritores que las sociedades políticas, sin exceptuar ninguna, se formaban en virtud de un pacto común de todos los asociados, quienes antes de quedar obligados por este medio y de establecer entre ellos las relaciones de gobernantes y gobernados eran iguales y libres; y que ellos para cumplir este pacto y conseguir el fin que se proponían al asociarse podían elegir como medio la forma de gobierno que mejor les pareciera. De aquí era forzoso deducir que ningún gobierno existía, cualquiera que fuere, sino por la voluntad preexistente de los que se sometían a él y que habiendo tenido derecho para crearlo, no podían menos de tenerlo para modificar y mudar su forma y hasta para destruirlo. En una palabra que la manera de existir y hasta la existencia de una sociedad política dependía de la voluntad de los que la habían formado por medio de un pacto. Este derecho que por ninguna causa ni tiempo prescribía, una vez admitido, debió considerarse como fuente de los derechos llamados jura majestatis, cuando no era la nación en común quien los ejercía: este derecho superior a todos vino a denominarse algo más tarde soberanía de la nación.

Mientras esta doctrina iba propagándose con más o menos lentitud en las naciones de Europa, dominaba en ella una doctrina opuesta que es la de la soberanía de derecho divino, cuyo origen explicó en el Ateneo de Madrid el excelentísimo señor don Juan Donoso Cortés de una manera tan elocuente que no podemos menos de copiar aquí sus palabras.

«Es doctrina corriente entre todos los legistas romanos, que el pueblo por la Lex regia había abdicado su soberanía y había resignado todos sus derechos en manos de los emperadores. Esta máxima estaba en posesión de la sociedad, cuando los bárbaros del Norte la inundaron con sus huestes.

«Veamos como penetró en la nueva sociedad esta teoría; y como al penetrar en ella se trasformó en derecho divino.

«El poder de los jefes de los bárbaros había sido en los bosques efímero y transitorio. La asamblea de los hombres libres era la única soberana que todos reconocían. Pero cuando sus tiendas eternamente vagantes se fijaron en el suelo después de la conquista, cuando se vieron dispersos en un inmenso territorio, cuando de la vida nómada pasaron a la vida estable, en fin, cuando pusieron un término a su larga peregrinación, tuvieron necesidad de reconocer un poder público más fijo, más estable, poderoso, y le reconocieron de hecho en los jefes que los habían conducido a la victoria. Sin embargo, las atribuciones de los reyes bárbaros eran todavía demasiado limitadas, para que pudiere peligrar la libertad y la independencia del pueblo vencedor. Habiendo pasado del periodo errante, al periodo fijo de la sociedad, las nuevas relaciones de los individuos con el jefe del Estado, y las de la sociedad vencedora con la sociedad vencida, hacían necesaria la existencia de leyes que, escribiéndola, fijasen la costumbre, y que estableciesen de un modo permanente las relaciones entre el monarca y el súbdito, y las transacciones demasiado frecuentes ya de los particulares entre sí. Ahora bien: los bárbaros para todas estas cosas tuvieron que recurrir a los sacerdotes y a los legislas, que eran los únicos depositarios del saber en aquellos tiempos de oscuridad y de tinieblas: y como los sacerdotes y los legistas estaban educados en las máximas  despóticas de la ley imperial, hicieron pasar sus doctrinas, y aun sus expresiones a todas las fórmulas judiciales y a todos los documentos históricos. Pero como no podían fundar la soberanía de los reyes bárbaros, en la Lex regia, la hicieron descender del cielo. Nadie protestó entonces contra esta teoría que era una decepción. No los reyes bárbaros, porque se adormecían blandamente con los perfumes que se quemaban ante su divinidad. No el pueblo vencido, porque estaba acostumbrado a la más pesada servidumbre. No el pueblo vencedor, porque se veía ensalzado en sus reyes, que ni tenían fuerza, ni voluntad entonces para oprimir a los hombres que habían conquistado el mundo con su espada. Y ved, como sin protesta de nadie se introdujo una mentira en la historia.»

Este distinguido escritor a par que combatió la soberanía de derecho divino, como acabamos de ver, dirigió sus ataques contra la soberanía de la nación, siguiendo la doctrina de otros publicistas, y llegó hasta calificarla de imposible y falsa, asentando como cosa cierta que solo había servido como una máquina de guerra para combatir la de derecho divino, y que después, no pudiendo ocultarse su falsedad a la luz de la razón, había sido desechada. Veamos como ha sido combatido el principio de la soberanía nacional aun por los mismos que no han encontrado más que una decepción en el principio de la soberanía de derecho divino.

La teoría del pacto social estriba en una hipótesis de aquellas que nunca pueden llegar a demostrarse, porque supone que los hombres antes de vivir en sociedad eran de todo punto libres e iguales, es decir, que todos tenían deberes y derechos recíprocos como hombres, pero que ninguno había sujetado su voluntad a la de otro en lo concerniente al pro común, en suma, que no había entre ellos gobernantes y gobernados. Pero ¿dónde y en qué tiempo han vivido los hombres en este estado? ¿Qué ejemplo histórico se cita para demostrar que existió y que no es una mera ficción lo que sirve de fundamento a la teoría del pacto social? La historia ofrece ejemplos numerosos de pueblos que se han alzado contra un poder para derrocarlo y levantar otro sobre sus ruinas, pero ningún de hombres que antes de asociarse hayan vivido en el estado de libertad e igualdad completa, y por consiguiente, no siendo una verdad este estado, tampoco lo es el pacto social ni la soberanía de la nación.

Por otra parte se dice, que si la soberanía reside en la voluntad general, y esta no es otra cosa que la colección de las voluntades particulares, todos los individuos de la sociedad deben tener una parte activa en el ejercicio del poder soberano,  y por consiguiente en la confección de las leyes, sin que sea motivo de exclusión ni la menor edad, ni la ignorancia, ni aun la demencia, porque ni los ignorantes, ni los menores, ni los dementes dejan de tener voluntad, aun cuando no tengan el pleno uso de la razón, que es la que les hace soberanos: fuera de que no pudiendo enajenarse la voluntad, la mayoría que aprueba una ley no puede exigir la obediencia de la minoría que la rechaza, sin cometer un atentado, ni la minoría puede someterse a una ley que no es la obra de su voluntad sin cometer un suicidio. De aquí el decir que el principio de la soberanía nacional examinado a la luz de la historia, no se podía considerar sino como una máquina de guerra que había servido a la humanidad para destruir la obra de los tiempos de oscuridad y de barbarie: de aquí el afirmar que la filosofía presentaba este principio como ateo, porque despojaba a Dios de la omnipotencia, que solo a Dios pertenece, y la localizaba en el mundo, donde no existe: de aquí el calificar dicho principio de tiránico; porque siendo, según él, omnipotente el soberano y no teniendo el súbdito más que obligaciones, no había limitación de derechos ni reciprocidad de deberes, en lo cual consiste la tiranía: de aquí finalmente el considerarlo como subversivo, porque, no pudiendo sus partidarios localizarle en la inteligencia del hombre sin reconocerla como soberana y sin convertir la soberanía de todos en soberanía de algunos, la soberanía de la democracia de una aristocracia inteligente la localizaron en la voluntad, que obedeciendo a la razón, no pudo ser elevada al mando de las sociedades humanas, sino por una contradicción monstruosa.

Se ha sostenido también que aunque el principio de la soberanía nacional y el de la soberanía de derecho divino han luchado por largo tiempo, no son esencialmente contrarios como por error se ha creído «la soberanía del pueblo, se ha dicho, y el derecho divino de los reyes, el despotismo y la democracia son una misma cosa.» He aquí las razones que se han aducido en prueba de este aserto.

Los reyes proclaman su omnipotencia al proclamar su derecho divino, y su  omnipotencia proclaman los pueblos también al proclamar su soberanía: unos y otros, al proclamarse soberanos, se declaran en posesión de todos los derechos y exentos de todas las obligaciones: unos y otros condenan como delito de alta tradición la resistencia del súbdito, con la diferencia que el súbdito para los reyes es el pueblo, y para los pueblos lo es la minoría: unos y otros exigen la obediencia pasiva que constituye la esclavitud. Los reyes niegan la existencia en el hombre de ciertos derechos preexistentes e imprescriptibles que son su salvaguardia y su escudo, porque, si los reconociesen, reconocerían en ellos el término de su poder y la limitación de su voluntad y dejarían de ser soberanos. Los pueblos, a semejanza de los reyes, deben negar la existencia de esos derechos imprescriptibles, porque, reconociendo derechos independientes de la voluntad general, niegan su omnipotencia y no cabe dudar que, negada esta, la mayoría se suicida. Así, pues, el principio de la soberanía nacional y el principio de derecho divino de los reyes son una misma cosa, porque ambos en último análisis sirven de base a la omnipotencia social que es el despotismo.

Los que combaten estos dos principios distinguen, sin embargo, una soberanía de hecho que reside en las autoridades constituidas, y otra que llaman de derecho, que consiste en una autoridad ilimitada, preexistente, que, como Dios, con una sola palabra crea las autoridades de hecho y con otra palabra puede destruirlas. Según ellos, esta soberanía de derecho u omnipotencia social, que puede ser concebida por la fe, mas no explicada por la razón, es una necesidad es la ley, es la esperanza de salvación de las sociedades que se hallan en su infancia, porque lo en este estado, lo que necesitan para existir, es la fuerza y la omnipotencia social, es lo único que puede asegurarles la existencia; mas no debe existir en las sociedades civilizadas, y su existe es un anacronismo. En estas, la única soberanía que creen legítima es la de la razón, porque solo ella sabe preveer los obstáculos y calcular las resistencias que se oponen a la acción del gobierno, cuyo objeto es la conservación de la sociedad. La voluntad, en fin, no es en manera alguna, según esta escuela política, la cualidad de los hombres en que debe localizarse la soberanía en las sociedades civilizadas, sino solo la inteligencia.

No se crea, sin embargo, que los que sustentan esta doctrina juzgan con derecho al mando a todos los hombres inteligentes, pues entre estos distinguen unos que son dignos de él y otros que no son dignos. Si la misión del gobierno, dicen, es conservar, si solo conservan los que preveen, si solo preveen los seres inteligentes, si conservan mejor porque preveen mejor, los que está dotados de más inteligencia, los más inteligentes tienen derecho a gobernar, porque solo ellos ofrecen una garantía proporcionada al poder de que se hallan investidos.

Esta doctrina tiene hoy  muchos partidarios, tampoco le faltan numerosos antagonistas, aunque no sean muchos entre estos los que se han señalado como impugnadores, y la verdad es que en más de una nación de Europa se va generalizando de día en día una opinión contraria, cuya tendencia es dar a los pueblos mayor participación, mayor influencia en los negocios públicos. Que en las naciones modernas hay problemas de inmensa importancia social que están por resolver y cuya resolución va siendo cada día más urgente es cosa harto sabida, y como su resolución parece a muchos, menos difícil que inconveniente a ciertas clases, no es de extrañar que sea grande el número de los que piensan que la superioridad de la inteligencia no es un título legítimo para el mando, si no está acompañada del deseo de contribuir al bien común, y que, si la voluntad sin la inteligencia no basta en los gobernantes para conseguir el fin social, tampoco es bastante esta sin aquella.