Una poderosa fuerza secreta. La Institución Libre de Enseñanza Editorial Española. San Sebastián 1940

La Institución Libre y la sociedad

La Institución Libre de Enseñanza y las Cortes

Romualdo de Toledo

Director general de Primera enseñanza

La instauración en nuestra Patria del régimen republicano constituye no tan sólo la finalidad a que aspiró la Institución Libre de Enseñanza en todo momento en el orden político, sino también la base en que había de apoyarse para llevar a realidad práctica sus eternas aspiraciones. Como siempre, había de utilizar como arma eficaz para el logro de sus deseos, a la masonería. Así vemos cómo en las Cortes constituyentes la mayoría de los diputados que componen las Comisiones de Presupuestos y de Instrucción Pública son masones, y cuando se aborda el problema de la Constitución tienen especial cuidado de que no falte como ponente de la Comisión Jurídica Asesora, en lo relativo a la docencia, el caracterizado masón institucionista señor Jiménez Asúa. Y así todos los propósitos de la Institución en el trágico bienio fueron fácilmente conseguidos: el artículo tercero de la Constitución, que atropella los derechos de la Iglesia Católica al declarar el Estado laico como aspiración jurídica de una sociedad que sentía en católico; el artículo 26, concebido, redactado y minuciosamente estudiado por la secta institucionista para pretender anular con la prohibición de la enseñanza dada por las Congregaciones religiosas la espiritualidad de nuestra cultura en la generación actual; el artículo 43, que implanta la Escuela Única, [254] introducida por Llopis después de su viaje a la Unión de Repúblicas Soviéticas; y el artículo 45, en fin, donde sarcásticamente se alude a la regularización de la enseñanza privada, fueron disposiciones que expresan el sentir institucionista y que por primera vez se incorporó a nuestro cuerpo legislativo recogiendo el espíritu desviado de nuestra cultura tradicionalista, desde los finales del siglo XVIII, a que fatalmente había de conducirnos la traición de una intelectualidad de la que tan sólo se salvan los discípulos de nuestro gran Balmes y los cultivadores de la doctrina con que nuestro gran Menéndez y Pelayo alumbró al mundo en las postrimerías de nuestro siglo anterior.

Al sancionar la Ley presupuestaria, las Cortes Constituyentes tradujeron en créditos, con ampulosas cifras y conceptos claros, todas las disposiciones que el Poder ejecutivo, durante el primer bienio, había promulgado. Y la multiplicación de maestros, sin reparar en la falta de formación; los veintiséis millones de pesetas votados para la pretensión de sustituir la enseñanza religiosa, tan certera como oportunamente discutidos en su inversión por el único ministro rebelde a la Institución, señor Pareja Yébenes; los dispendiosos gastos votados por las Cortes para la propaganda marxista a través de las Misiones pedagógicas; la subvención directamente concedida a la FUE e indirectamente otorgada a sus mantenedores a través del teatro ambulante «La Barraca»; el aumento, hasta duplicarla, de la subvención concedida a la Junta de Ampliación de Estudios; los créditos para el Instituto de Investigación Científica; las subvenciones a entidades de carácter republicano y marxista; las seiscientas mil pesetas para la Universidad Internacional de Verano, de Santander; el Museo Pedagógico, Residencia de Estudiantes e Instituto-Escuela, que, dependiendo directamente de la Junta, eran sostenidos con magnificencia rayana en el dispendio por [255] el Estado español, que en el mismo presupuesto negaba la subvención otorgada a la Biblioteca de Menéndez y Pelayo, de Santander, y al Observatorio del Ebro, y desconocía la existencia de la admirable biblioteca del Monasterio de El Escorial. Todos estos créditos, y muchos más, son el complemento de la obra legislativa llevada a cabo por las Cortes Constituyentes a través de la Constitución soñada desde hace más de medio siglo por la secta institucionista.

La Institución y las Cortes del año 33

Parecía que el triunfo electoral del año 1933 había de ser para cambiar la política cultural que con velocidad acelerada socavaba el campo de la docencia española. Nada más lejos, sin embargo, de la realidad. Apenas constituido el primer Ministerio, el señor Pareja Yébenes envió a las Cortes un proyecto de ley aplazando la sustitución de la enseñanza dada por las Congregaciones religiosas. Y en aquella Comisión de Instrucción pública, donde no faltaba una nutrida representación de la masonería, cuya presidencia ostentaba un inspector de Primera enseñanza portelista y cuya secretaria era nada menos que la diputada socialista María Lejárraga, constituyó un dique infranqueable para el proyecto del ministro. Varias veces informó, a pesar de su luminosa Memoria enviada a las Cortes, ante la Comisión correspondiente. Los ataques del señor Llopis, fundados en la anticonstitucionalidad del proyecto, pudieron más que la opinión pública, que anhelaba, a través de las elecciones de noviembre, un cambio rotundo de la política persecutoria.

Una ley de Instrucción Pública más o menos acertada ha estado sobre la mesa de la Comisión correspondiente; y otro proyecto sobre la conservación del [256] Tesoro Artístico Nacional; la proposición de ley sobre supresión de la coeducación en las Normales y petición de la libertad en la carrera del Magisterio. Todos son proyectos que quedaron sobre la mesa de disección de una Comisión de Instrucción Pública anquilosada que se reunía cada dos meses y que no pudo emitir dictamen sobre ninguno de los asuntos expuestos. Todas nuestras protestas cayeron en el vacío; interpelaciones anunciadas, proposiciones de ley presentadas, y cuantas ocasiones se nos ofrecían para influir en el campo de la enseñanza, eran silenciadas y apartadas de la discusión de temas vidriosos por la inestabilidad de las situaciones políticas que el Parlamento estaba obligado a sostener. Sólo al discutirse los presupuestos tuvieron las derechas españolas ocasión de intervenir en asuntos de Instrucción Pública. La Comisión de Presupuestos estaba en todo momento atenta a nuestros propósitos purificadores. Así pudo ocurrir que al discutirse la prórroga del Presupuesto para el ejercicio del año 1934 el masón presidente, señor Villanueva, ante una votación ganada por las derechas en el seno de la Comisión, que ponía en peligro los créditos para la sustitución de la enseñanza religiosa, hubo de suspender la reunión hasta el día siguiente, en que la secta secreta pudo avisar a sus secuaces, y no faltaron a la cita ninguno de los representantes de los partidos republicanos, y socialista, que jamás asistían, desde el orondo ministro de Defensa del ex Gobierno marxista, señor Prieto, hasta el ignorante ex ministro de Comunicaciones señor Santaló. De esta forma nada fundamental pudo hacerse, sino ligeras variaciones en los créditos, discursos acerados y de gran contenido doctrinal, críticas severas a la labor de ministros que sólo por días regentaban la cartera de Instrucción, y, en resumen, nada útil para la enseñanza pública. La Institución triunfaba siempre.

Algo, sin embargo, ha quedado e aquellas actuaciones, y es la preparación de conciencia pública para esta gran cruzada nacional. Ya no existen trabas parlamentarias a que la catástrofe del sufragio universal inorgánico nos llevaba dentro del maldito régimen liberal; ya no existen ni deben existir organizaciones que se nutran de los créditos del Estado para destruir la nación a quien sirven; ya, en fin, nuestro glorioso Ejército escribió una epopeya con el doble lema de la defensa de Dios y de la Patria. Concluyó el desastre. Pongamos todos nuestros esfuerzos a la magna obra de la educación nacional.

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  Una poderosa fuerza secreta
San Sebastián 1940, páginas 253-257