Punta Europa
Madrid, marzo 1956
número 3
páginas 5-8

Editorial

La redistribución de la renta

Si la doctrina católica adopta en la hora presente ante nuestra sociedad una posición negativa condenando unas condiciones económicas y sociales que no concuerdan con los principios cristianos, y otra positiva proponiendo la aplicación de modos de acción en consonancia con aquellos, es porque, aun cuando la sociedad capitalista mantiene un orden social estable, unos pocos retienen para sí los medios de producción dejando a la masa de los ciudadanos desposeída de los mismos y privados de libertad, porque si titulares de una abstracta libertad política o civil, huérfanos de libertad económica gravita sobre ellos, sobre la familia, sobre todas las células sociales una uniformidad pesada, agobiante e inflexible.

A la luz de estos principios que hemos de convertir en vigoroso fermento de nuestra acción si queremos ser consecuentes con nosotros mismos, esta sociedad en la que, como ha dicho recientemente el Obispo de Málaga, «la falta de justicia y, en gran parte, de misericordia mantiene un sistema de reparto de la riqueza nacional, que acumula en una minoría la mayoría de la renta y mantiene una multitud innumerable en la pobreza» no debe, no puede subsistir.

Y si como ocurre en nuestra Patria la Renta nacional en el período de cuatro años comprendido entre 1950 y 1954 aumentó en un treinta y seis por ciento, que significa un porcentaje anual de un nueve por ciento, en relación con los años precedentes y en un veinte por ciento en comparación con la correspondiente al año 1929, no es extraño que pueda afirmarse, en palabras del Marqués de Bolarque, en la Junta General de accionistas del [6] Banco Urquijo que «ha llegado el momento, difícilmente aplazable, de plantear el problema de la distribución de la Renta según criterios de equidad».

El momento impone el estudio profundo y al mismo tiempo responsable de los complejos fenómenos de una economía como la nacional, en trance de desarrollo, para saber cuáles son los factores sobre los que hay que actuar para modificar acertadamente la distribución de la renta sin producir en el equilibrio económico perturbaciones sensibles que perjudiquen a todos. Por tanto, no basta con hacer enérgicas y aun frecuentes afirmaciones de fe en la justicia porque sin aplicarla se infunde en las gentes una amarga desilusión, ni tampoco es ocasión de granjearse gratuita reputación de «hombre con sentido social» reclamando vagas e incoherentes reformas. Sólo el primer camino, más difícil, más ingrato y desde luego más desinteresado es vereda de auténtico sentido social y de verdadero patriotismo, porque muchos son, todavía, los problemas a resolver en orden al fomento y desarrollo del equipo capital en la economía nacional, para cuya consecución no tienen poca importancia las medidas adecuadas para una mejor organización y logro del crédito nacional y extranjero dirigido a financiar procesos de producción a plazos medio y largo, y en relación con la asignación de los factores de la producción a los empleos más productivos; y mucha la importancia de los métodos de depuración de técnicas de producción, de reducción de costes, de mantenimiento de precios tan íntimamente relacionados con la mayor productividad del trabajo que es, en todo caso, la principal determinante del nivel medio de las rentas personales de trabajo y especialmente de los salarios.

Aquí, sin embargo, es necesario advertir que si es cierto, como ha puesto de manifiesto Ropke, que «todas las diferencias nacionales de bienestar –entre los Estados Unidos y Europa, entre Suecia y los Balcanes– se pueden reducir en último término a este punto, y todas las circunstancias y medidas que elevan la productividad del trabajo, elevan también la renta del trabajo» no es siempre económicamente exacto ni humanamente justo aplazar la redistribución de la Renta nacional o el aumento de [7] los salarios hasta que la productividad aumente porque entonces se corre el peligro, y la reacción es de fácil explicación psicológica, de que esto último nunca ocurra.

Pero, la redistribución de la Renta nacional además de imperativo de justicia es conveniente para una economía, como la nacional, en proceso de industrialización que requiere a no muy largo plazo la presencia activa de grandes núcleos de consumidores cuya renta alcance un nivel suficiente. Máxime cuando no es absolutamente válido el argumento de que toda elevación general de los salarios provoque necesariamente un alza de precios y como consecuencia un proceso inflactorio, sino aumenta casi automáticamente en proporción equivalente la productividad del trabajo, porque en buenos principios económicos no es rigurosamente cierto que en caso de que esto no ocurra se ha de producir inevitablemente un incremento de la renta monetaria, de la circulación fiduciaria, pues puede soslayarse este peligro fundamentando aquélla en una invariable renta monetaria mejor distribuida; perspectiva siempre posible, cuando, el volumen real de la Renta nacional se ha elevado en un porcentaje apreciable.

Esta modificación, «orgánica» de la distribución de la renta por categorías en favor del factor trabajo determina no sólo un mayor rendimiento de éste, siempre deseable, sino que al hacer más uniforme la distribución personal de la renta produce lenta, pero eficazmente, una progresiva «desproletarización» de las masas, tan ansiada por todos aquellos que no aspiran a controlar éstas para sus especulaciones políticas.

Este proceso de redistribución puede fomentarse mediante un conjunto de medidas directas que no entorpezcan, sin embargo, el principio de la competencia, antes al contrario lo salvaguarden, con el fin de no agostar el incentivo empresarial de beneficios legítimos, determinante final de una actividad inversora dinámica, pero que restrinja los monopolios, suprima los abusos en la lucha por el mercado y fomente, mediante medidas cada vez más extensas de colonización rural, el ascenso en la escala social y el acceso a la propiedad de los menos dotados económicamente. [8]

Asimismo, es necesario hacer huso de los medios de corrección, extraeconómica de la distribución de la renta. En este punto puede hacer mucho una política fiscal que reduzca, en la medida justa, los beneficios empresariales excesivos pero que tenga en cuenta la dinámica interna de las empresas favoreciendo la renovación y modernización de las instalaciones industriales, que grave fuertemente las rentas personales elevadas, aunque discriminando favorablemente la renta ahorrada si se quiere conseguir una elevación de las diversiones, y que reduzca vigorosamente las alícuotas hereditarias en las transmisiones «mortis causa» con excepción de las que tengan lugar en favor de los descendientes directos.

Por último no debemos olvidar, en todo caso, una proyección de futuro que en el éxito de la política de expansión de nuestra economía radica la eficacia de la redistribución de la Renta nacional. Todo lo que se haga para fomentar en España los procesos de inversión, incluso de capitales extranjeros, y para corregir las tendencias de desequilibrio en la capitalización son la base del éxito y de la estabilidad de nuestro sistema económico y, en definitiva, de cualquier reforma estructural como la que se propugna.

 


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