Realidad
Revista bimestral de cultura y política
 
Roma, noviembre-diciembre 1963
año I, nº 2, páginas 122-139

Documentación

Los intelectuales contra la tortura
y por las libertades democráticas
 

«Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo
Ministerio de Información y Turismo
Madrid

Excmo. Sr.:

En correspondencia al diálogo entablado con V. E. sobre determinados hechos que nos producen una viva inquietud como españoles, nuevamente tratamos de interesar la atención de V. E. ya que, según el testimonio de espontáneos corresponsales que quizás se dirigen a nosotros en nuestra calidad, pública y visible, de intelectuales que han manifestado en más de una ocasión su postura humanista, se están produciendo en Asturias, hechos como los siguientes:

1) La muerte del minero Rafael González, de 36 años, a consecuencia de los malos tratos recibidos el día 3 del actual mes de septiembre en la Inspección de Policía de Sama de Langreo. La responsabilidad de este y de otros hechos de los reseñados a continuación se atribuye al capitán de la Guardia Civil don Fernando Caro, de 28 años, natural de Melilla, destinado a aquella Inspección hace aproximadamente un mes, y al cabo Pérez, hoy ascendido a sargento, y desde hace tiempo residente en la citada localidad de Sama de Langreo. Se dice que el citado capitán Caro viste un traje de deportes durante los «interrogatorios».

2) En el mismo día y lugar, a las 4 de la tarde, se produjo la castración del minero Silvino Zapico, que tuvo que ser hospitalizado. A su esposa se le cortó el pelo al cero.

3) Al minero Vicente Baragaña, de la barriada de Lada (Sama de Langreo), le han sido quemados los testículos.

4) Un minero llamado Alfonso, vigilante de primera del Fondón, retirado por silicosis y actualmente cobrador de la Previsora Bilbaína de Seguros, fue maltratado por el hoy sargento Pérez, el cual le había amarrado previamente. Como quiera que esto se hacía en presencia de la esposa de Alfonso, ésta se arrojó sobre el sargento, con objeto de impedir que continuara: el cual la golpeó y cortó el pelo al cero, operaciones que se realizaron a la vista de su marido, cuyo cuerpo fue después abandonado en el exterior y recogido por un compañero suyo, de nombre Senén, que lo trasportó a su casa de Lada. Avisado un médico, «cuyo nombre se oculta por razones de seguridad», éste manifestó que «no sabía por dónde empezar», tantas eran las lesiones que presentaba al cuerpo de Alfonso.

5) El minero Alfonso Zapico, da Lada, fue maltratado hasta producírsele una fractura de pómulo, boca reventada, &c. Fue hospitalizado (puede tratarse del caso anterior). [123]

6) Los mineros Jerónimo Fernandez Terente (casado, un hijo) y Jesús Ramo Tevera, como otros diez que con ellos están en la cárcel de Carabanchel (Madrid), fueron objeto de malos tratos.

7) Everardo Castra, casado, con tres hijos, sufre desequilibrio mental como consecuencia de las torturas, y está internado en el Manicomio Provincial «La Cadellada». Fue detenido cuando escribía un letrero: «El Pueblo se vengará», en una tubería de la Duro Felguera.

8) Constantina Pérez Martínez («Tina»), de la Jocara, y Anita Braña, de Lada, fueron maltratadas y se les cortó el pelo al cero. El marido de Tina está en la cárcel desde las huelgas anteriores.

9) Juan Alberti, de Lada, y otro minero cuyo sobrenombre familiar es «Chocolatina», fueron obligados a golpearse entre sí, en la Inspección de Sama de Langreo. Como realizaran un simulacro de pelea, fueron golpeados brutalmente, después de lo cual les visitó el capitán Caro, que comentó: «Qué burros sois. Cómo os habéis puesto!».

10) Una mujer, cuyo nombre se desconoce, fue golpeada en el vientre, cuando ella trató de hacer valer su estado de embarazada para evitar los malos tratos. El capitán Caro replicó al golpearla: «Un comunista menos». El hecho se dice sucedió en la mencionada Inspección de Sama de Langreo.

Son hechos, Excelencia, que de ser comprobados, cubrirían de ignominia a sus autores, ignominia que también nos cubriría a nosotros en la medida que no interviniéramos para impedir que tales vergonzosos actos se produzcan.

Es por lo que, respetuosamente, rogamos a V. E. interese de las autoridades competentes una investigación sobre las presuntas actividades de dicho capitán Caro y sobre todos estos presuntos hechos en general, asimismo que solicitamos de V. E. la pertinente información sobre todos ellos. Ruego que elevamos a V. E. sin otros títulos que los que nos confiere nuestra condición de intelectuales, atentos a la vida y a los sufrimientos de nuestro pueblo.

Atentamente saludan a V. E.

Vicente Aleixandre, Académico de la Lengua; Pedro Laín Entralgo, Académico de la Lengua y ex-Rector de la Universidad de Madrid; Valentín Andrés Alvarez, Catedrático y ex-Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid; José Luis Aranguren, Catedrático de Ética de la Universidad de Salamanca; José Luis Sureda, Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca; José Luis Sureda, Catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona; Ángel Latorre, Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Barcelona; Paulino Garagorri, Profesor de la Universidad de Madrid; José Bergamín, escritor; Gabriel Celaya, poeta; Antonio Buero Vallejo, dramaturgo; Alfonso Sastre, dramaturgo; Fernando Baeza, editor; José María Castellet, crítico literario; Antonio Saura, pintor; Francisco Fernandez-Santos, ensayista; Carlos Barral, poeta y editor; Ángel María de Lera, novelista; Juan Goytisolo, novelista; Mateos, pintor; José María Moreno Galván, crítico de arte; Ángela Figuera Aymerich, poetisa; Manuel Arce, novelista; Francisco Rabal, actor; Fernando Fernán Gómez, actor; Juan García Hortelano, novelista; Ángel González, poeta; Luis Goytisolo, novelista; Gabino Alejandro Carriedo, poeta; Antonio Ferres, novelista; Carlos Muñiz, dramaturgo; José María de Quinto, novelista y director teatral; Rodríguez Buded, dramaturgo; Juan Marsé, novelista; Ángel Crespo, poeta; Armando López Salinas, novelista; Pablo Serrano, escritor; Juana Francés, pintora; Jesús López Pacheco, poeta y novelista; José Esteban, poeta; Manolo Millares, pintor; José Manuel Caballero Bonald, poeta y novelista; Manuel Ortiz Valiente, pintor; Benigno Quevedo, novelista; José Antonio Parra, escritor; Cesar Santos Fontenla, crítico cinematográfico; Consuelo Berges, escritora; Daniel Sueiro, novelista; Patiño, director cinematográfico; José Ares, profesor de la Universidad de Madrid; Pedro Dicenta, maestro; [124] Juan Eduardo Zúñiga, escritor; Lauro Olmo, novelista y dramaturgo; Ricardo Zamorano pintor; Alfonso Grosso, novelista; Manuel Calvo, pintor; Ricardo Domenech, crítico teatral; Francisco Pérez Navarro, ensayista; Ramón Nieto, novelista; Julián Marcos, Ayudante cinematográfico y poeta; José Duarte, pintor; Fermín Solana, escritor; Jorge Campos, escritor; Ángel Fernandez-Santos, escritor y crítico literario; Francisco Moreno Galván, pintor; Marcial Suarez, dramaturgo; José Ayllón, crítico de arte; Jaime Gil De Biedma, poeta; Daniel Gil, pintor; L. G. Egido, crítico cinematográfico; Angelina Gatell, poetisa; E. Sánchez, poeta; José G. Manrique de Lara, poeta y novelista; Eloy Terrón, profesor de la Universidad de Madrid; Pablo Martí Zaro, dramaturgo; Fernando Chueca, Director del Museo de Arte Contemporáneo; Faustino Cordón, científico; Leopoldo de Luis, poeta; Díaz Caneja, pintor; Ramón Garciasol, poeta; Ignacio Aldecoa, novelista; Cortijo, pintor; Adán Ferrer, pintor; Arturo Martínez, pintor; F. Alvarez, pintor; José Agustín Goytisolo, poeta; Joan Petit, traductor; Joan Oliver, ensayista; Joaquín Horta, editor; Jordi Carbonell, poeta y ensayista; Oriol Bohigas, arquitecto y crítico de arte; Joaquín Molas, escritor; María Aurelia Capmany, directora de teatro; Ricardo Salvat, director de teatro; Joan Triadu, ensayista; Francesc Vallverdú, poeta; Salvador Espriú, poeta; Manuel Sacristán Luzón, profesor de la Universidad de Barcelona; Joaquín Jordá, ayudante de cinematografía; Román Gubern, ayudante de cinematografía.

La respuesta de Fraga Iribarne

Con fecha 3 de octubre, el Ministro de Información respondió al escrito anterior con la siguiente carta, dirigida a uno solo de los 102 firmantes, don José Bergamín:

«Sr. Don José Bergamín
Madrid

Muy Sr. mío:

Mi profundo respeto a la función intelectual me obliga a contestar cumplidamente al escrito que me dirige, firmado, en primer lugar, por usted, encabezando a un grupo de personas (algunas de las cuales ya han hecho saber que, en realidad, no conocían la verdadera intención del documento), en torno a unos hechos que dicen conocer, según «el testimonio de espontáneos corresponsales» que se dirigen a ustedes «en su calidad pública y visible de intelectuales». Pero, antes de entrar en el análisis de los hechos de referencia, no quiero dejar de advertirles que en mi concepto de la responsabilidad del intelectual está el actuar siempre con unas bases muy sólidas de convencimiento. La valoración de la importancia de los gestos de los intelectuales debe guardar proporción con una fundamentación rigurosa de los motivos que los originen. Cuando ello no sucede, y el gesto de los intelectuales es, en sí mismo, más importante o espectacular que los hechos mismos, por ser estos falsos o inexactos, es evidente que dichos intelectuales son utilizados al servicio de una campaña política, meros peones en el tablero de un juego cuyos tácticos permanecen al margen o están infiltrados entre los mismos.

Esto ha sucedido muy frecuentemente en la historia política y usted lo sabe tan bien como yo. Como también sabe que el comunismo tiene, en su estilo de actuación, una predilección por tales métodos. Las orquestaciones propagandísticas, basadas en razones humanitarias, coreadas por prensa y radio de partido, con conciencia de su inexactitud pero sabiendo que arrojan un cierto saldo positivo en cuanto siembren inquietud o dudas, las estamos viendo realizar en todos [125] los países donde el comunismo busca unos objetivos de agitación. Los mártires del pueblo, el desprestigio de las fuerzas de orden público, el lanzamiento de especies que puedan crear divisiones dentro de las mismas, la utilización de truculencias que produzcan reacciones de tipo sentimental o escalofríos con su sola mención, manejando resortes instintivos más que racionales para la conmoción de las gentes sencillas, es algo que su formación cultural le permite analizar en todo lo que tiene de maquiavélico y de contrario a una concepción serena y objetiva de las cosas, tal y como debe ser la que posea la mente limpia y amante de la verdad de un intelectual.

Usted debe saber que los hechos que se citan en el escrito de referencia están siendo utilizados así precisamente a través de Radio España Independiente (emisiones de los días 13, 14, 18, 20, 23, 24, 26 y 27 de septiembre y 2 de octubre) y de órganos de prensa de tan claro matiz político como «Pravda Ukraini» (3-9-1963); «Rudé Právo» (3 y 15-9-1963); «Zaria Vostoka» (4-9-1963); «L'Unità» (15-9-1963); «Avanti» (22-9-1963); «L'Humanité» (14 y 25-9-1963)... en un tono a la medida de un tratamiento de la opinión fríamente calculado, buscando la creación de una leyenda negra que justifique el fracaso en el intento de convertir los problemas sociales de Asturias en una palanca de subversión política en áreas más extensas. Ello debe hacerle desconfiar, en principio, de esos «espontáneos corresponsales» que probablemente no serán ni tan espontáneos ni, mucho menos, independientes, sino cumplidores de un plan y servidores de una disciplina, para cuyo plan y para cuya disciplina ustedes son un objetivo más a cubrir y a mover fríamente dentro de su juego.

Tanto más cuanto que diversas emisoras comunistas (Radio España Independiente, Belgrado, &c.) se han apresurado a difundir y comentar el mismo día 2, el conocido y esperado envío de su escrito. Ante ello he de señalarle que siendo mi propósito aceptar, en principio, como honesta su inquietud (desde luego no la de todos los «abajo firmantes» entre los que figuran no pocos auténticos «profesionales» de este tipo de documentos), me duele ver que, como sucedió en alguna otra ocasión, la noticia de haberme sido dirigido un escrito haya sido difundida por agencias internacionales y periódicos extranjeros antes de que, tan siquiera, el texto de dicho escrito hubiese llegado a mi poder. Ello recalca la existencia de intenciones de utilizarlo como arma propagandística y piedra de escándalo antes de que una respuesta adecuada haya deshecho equívocos y puesto las cosas en su punto, dando la impresión de ser mayor el deseo de publicidad que el deseo de usted de ser exacta y personalmente informado.

No quiero atribuir estos móviles de conducta a todos los firmantes a muchos de los cuales estimo personalmente, pero sí me produce desconfianza sobre alguno de ellos. Máxime cuando entre los nombres veo el de personas como usted mismo que fue capaz de defender, en su día, no ya los crímenes cometidos contra españoles de filiación nacional sino inclusive (favoreciendo las tendencias estalinistas imperantes entonces en el comunismo español) las represiones verificadas contra el sector trotskysta de dicha ideología. Le remito, para ello, al prólogo firmado por usted al libro «Espionaje en España» de Max Rieger (Ediciones «Unidad», Madrid-Barcelona 1938) donde, tras decir que «los sucesos de mayo en Barcelona, en 1937, revelaron al P.O.U.M. y a sus directivos como un partido que traicionaba», se llegaba a advertir: «Tomar la defensa de unos hombres acusados de delito de tal naturaleza es algo que no puede hacer un partido ni un hombre libre.» «No hace mucho tiempo algunos intelectuales franceses pedían por telégrafo, con ansiosa urgencia, al Gobierno popular español, medidas que garantizasen la defensa de tales procesados.» «Pedían formalidades jurídicas. A un Gobierno que prácticamente las lleva con exceso y que en este caso concreto lo viene demostrando, diríamos que exageradamente.» Piense usted bien en la mentalidad que manifiesta este escrito, en el que, entonces, usted despreciaba las peticiones de un grupo de intelectuales, que bien sabrían por qué usaban del telégrafo con «ansiosa urgencia» y llegaba usted a afirmar que le [126] parecían «exageradas» las formalidades jurídicas de aquel trágico gobierno del Frente Popular que reprimía con sangre las heterodoxias ideológicas.

Pero deseo olvidarme de este y otros suyos, que me impedirían contestarle serenamente, y pasar a exponerle las circunstancias de cada uno de los puntos del escrito, de cuya lectura espero que, su propia reflexión, saque las consecuencias lógicas en una persona con capacidad de criterio propio.

1. Con respecto al supuesto minero Rafael González, del que se dice que ha muerto, no ha existido nunca dicha persona, ni existe minero alguno que haya muerto a causa de malos tratos. En cuanto a esa fecha del 3 de septiembre, en que se señala este fantástico suceso, hubo dos detenciones de Sinesio Díaz Palacios y de José Antonio Presa Cueto. El primero fue procesado por actividad comunista y el segundo, puesto en libertad, se encuentra trabajando desde el momento de haber obtenido la misma.

2. Con respecto al también supuesto minero Silvino Zapico, ni es conocido en aquella cuenca, ni consta su detención en ninguna parte, ni aparecen notas de su ingreso en ningún hospital y, por tanto, tampoco existe la menor referencia de que pueda ser real la persona de su esposa.

3. Con respecto a Vicente Baragaña, se trata de una persona detenida el 10 de agosto y puesta a disposición de la Jurisdicción competente, el 12 del mismo mes, por estar implicado en actividades comunistas. No fue sometido a ningún interrogatorio y basta decirles que se encuentra en la Prisión Provincial de Carabanchel, en donde puede ser examinado por quién le quede alguna duda sobre su integridad física.

4. En lo referente a otro supuesto minero del que sólo dicen llamarse Alfonso, me dicen que pudieron ustedes citar a un Alfonso Braña Castaño, comunista que fue condenado por sus actividades ilegales en 1960 y que actualmente trabajaba como agente de la Compañía de Seguros «La Previsora Bilbaína», con cuyo motivo viajaba en motocicleta habitualmente por la cuenca minera, aprovechando estos viajes para hacer proselitismo marxista y favorecer la extensión de los conflictos en aquella zona. Ello provocó que la Guardia Civil lo interrogase, así como a su esposa Anita Sirgo Suárez, hija de un bandolero muerto por la fuerza pública, que tanto en estos como en anteriores conflictos trata de impresionar a las mujeres de los mineros y convertirlas en elementos contendentes que coaccionen a los que pretendan volver al trabajo y realicen manifestaciones. Este Alfonso fue puesto en libertad y como quiera que el Delegado de «La Previsora Bilbaína» en Langreo, Senén Méndez González, se interesó por él mientras fue detenido para ser interrogado, fue la propia Guardia Civil la que informó a esta persona de que, al no comprobársele responsabilidad, podía esperarle si quería acompañarle y Senén Méndez alquiló un taxi para ello, dada la distancia entre la Inspección Municipal y el pueblo de Lada. Nada se sabe de que necesitase asistencia médica ni presente síntoma alguno de malos tratos y sí se sabe que pretende marcharse al extranjero para lo que tiene pendiente la tramitación de pasaporte.

5. El otro Alfonso de que escriben como Alfonso Zapico, debe tratarse de Antonio Zapico, persona también de antecedentes comunistas, liberado recientemente de la prisión de Burgos, que acompañaba en sus viajes al anteriormente citado Alfonso Braña, porque al tener éste planes de marcharse al extranjero, quiere adiestrarle en la función aseguradora en que trabaja. Fué detenido también y puesto en libertad, sin consecuencia alguna. Informan, sin embargo, que es persona de salud precaria, según ya fue observado durante su antigua estancia en la cárcel.

6. Los mineros Jerónimo Fernandez Terente y Jesús Ramo Teba fueron detenidos como responsables de la organización comunista en «Carbones Asturianos» y difusores de hojas clandestinas. El segundo fue delatado por el primero, [127] por lo que se les sometió a un careo, confesando, sin presión alguna, su participación en la acción clandestina.

7. Muy significativo de la mendacidad de las informaciones que les han hecho llegar sus «corresponsales espontáneos» es el caso de Everardo Castra Pérez, del que se afirma que sufre trastornos mentales a causa de malos tratos. Este Everardo Castra fue detenido en 1962 por actividades comunistas y como acusaba síntomas de enajenación mental, fue enviado al hospital psiquiátrico. Ya en libertad el pasado 10 de mayo fue nuevamente detenido al sorprendérsele pintando con pintura roja en el horno alto de «Duro Felguera», en grandes caracteres unos letreros que decían «Franco asesino» y «El pueblo se vengará». Fue ingresado en prisión y de ésta volvió a pasar al hospital provincial psiquiátrico, donde el especialista que lo atiende facilitó, con fecha de 7 de septiembre, un informe que dice: «Padece una típica y precisa esquizofrenia paranoide. Sus antecedentes patológicos familiares están muy cargados. Su sistema delirante esquizoide tiene un contenido político que él actualiza con cualquier pretexto. Antes tenía la obsesión delirante de que las muchachas del pueblo orinaban en los vasos de vino que él se servía con el fin de enamorarlo (esto muy anterior a su primera detención). Se trata de un enfermo mental sujeto de por vida a la servidumbre del tratamiento médico y de los cuidados familiares».

8. Todos los demás infundios que circulan sobre Constantina Pérez Martínez, Anita Braña, Juan Alberdi y otros, son fruto de una mendaz utilización del hecho de haber sido detenidos e interrogados y puestos después en libertad, sin ninguna de las brutalidades de que informan los «corresponsales espontáneos», y podrán seguir aumentando, atribuyéndose a otros detenidos, ya que existen más personas que fueron interrogadas en parecidas circunstancias.

Parece, por otra parte, posible que se cometiese la arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y Anita Braña, acto que, de ser cierto, sería realmente discutible, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicable, pero cuya ingenuidad no dejo de señalarle, pues es claro que la atención que dicha circunstancia provocó en torno a sus personas en manera alguna puede justificar una campaña de truculencias como la que se orquestó. Vea, por tanto, como dos cortes de pelo pueden ser la única apoyatura real para el montaje de toda una «leyenda negra», o «tomadura de pelo», según como se mire.

Espero que todo lo dicho le demostrará mi afán de responder detalladamente a sus inquietudes y, también le servirá para reflexionar sobre la calidad de los «corresponsales espontáneos».

Finalmente, he de decirle que estoy seguro de que mi disposición siempre abierta al diálogo ha de ser utilizada por parte de usted con temas más fecundos.

Entre tanto, aprovecho la ocasión para saludarle con la atención que merece.

Firmado: Manuel Fraga Iribarne.

Respuesta de José Bergamín

Con fecha 6 de octubre, el señor Bergamín contestó a la carta del Ministro de Información:

«Muy Señor mío: Recibo su carta del día 3, con los anejos que la acompañan.

Se dirige Vd. personalmente a mí solo para contestar al escrito que le fue presentado por gran número de intelectuales con el ruego de que aclarase algunos hechos sucedidos en Asturias durante la huelga minera que allí se produjo. Le agradezco mucho, por mi parte, las detalladas explicaciones que ofrece su carta para la aclaración de esos hechos. Advierto que omite Vd. darlas sobre [128] el caso tal vez más grave; las que se refieren a un oficial acusado por su actuación delictiva.

Tampoco me parece que responde su carta a la petición del escrito, en lo fundamental, que es la de que el Gobierno facilite una pública información de lo sucedido. Si las aclaraciones de su carta coinciden con la realidad como Vd. afirma, y yo le creo, no veo qué inconveniente podría tener el Gobierno en aclararlo públicamente; lo que añadiría a la fuerza material de su autoridad, otra superior de índole moral que la ratificase.

También advierto otra importante omisión en su carta: la de los nombres que aquellas personas que Vd. más estima y que, habiendo firmado el escrito, se apresuraron a manifestarle que lo hicieron porque «en realidad no conocían la verdadera intención del documento». Como si ésta no estuviese explícita y clara en él. De la actitud y testimonio de tales firmantes permítame que prefiera dudar en honor suyo mientras Vd. no especifique y concrete su referencia.

De todo lo que Vd. afirma en su carta, dejando aparte lo que a mí personalmente y muy particularmente se refiere, y que nada tiene que ver con el documento y su petición del que responden otras muchas firmas y no sólo la mía (que si es una de las primeras en su encabezamiento pudiera ser la última por su humilde significación, pues a mí no me corresponde ni el mérito de su iniciativa); de todas sus afirmaciones, digo, le confieso que me sorprende la que Vd. hace tratando de justificar el hecho posible de que la fuerza pública maltratara a unas mujeres trabajadoras, infligiéndoles esa atroz afrenta de señalarlas cortándoles el pelo, que es un infamante atentado a la dignidad moral humana. Su comentario humorístico a este hecho para desvirtuarlo suponiéndolo cierto, a mí me espanta.

Toda su teoría sobre una gesticulación del intelectual no me parece pertinente en este caso. La simple evidencia del escrito al que Vd. contesta la elude por sí mismo. El que este documento haya sido utilizado en el exterior con impaciente propaganda que se anticipó a su conocimiento, será, todo lo más, una descortesía, pero no comprueba en modo alguno sus conjeturas sobre su intención de una supuesta maniobra; pues, aunque ésta hubiese existido, no invalida lo que tan sencilla y claramente en dicho documento se expresa. La verdad es la verdad la diga quien la diga y sea cual sea la finalidad ajena a ella de quienes en otro sentido traten de utilizarla.

No queda más, contestando a su carta, que decirle que estoy a su disposición para dialogar de todo; de lo pasado como de lo presente; aunque sin involucrar tendenciosamente lo uno con lo otro; lo que pasó hace un cuarto de siglo, y en plena guerra civil, con lo que pasa ahora. Parece que en su carta Vd. trata de hacerlo de ese modo con mi caso particularísimo, como si quisiera desviar la atención del escrito que se le ha presentado, autorizado por tantas otras, más valiosas firmas, que no sólo la mía.

Yo acepto y deseo ese diálogo que Vd. me ofrece; pero no particular y privado sino general y público; sin censura previa que lo coaccione antes y lo tergiverse después; con libertad total de expresión para los que dialogan.

Espero y agradeceré que dé Vd. a esta carta la misma publicidad que haya dado a la suya, a la que contesta. También agradecería que, con la suya, la comunique, al menos a una parte de los firmantes del escrito a quienes a mí me es muy difícil hacerlo, y que creo que deben conocerla.

Muy atentamente le saluda

José Bergamín.»

Carta de un grupo de asturianos

A mediados de octubre, la mayoría de los 102 firmantes del escrito dirigido al Ministro de Información recibieron por correo la siguiente carta de un grupo de asturianos: [129]

«Estimado señor: Los hombres y mujeres de Asturias, y no únicamente los que son familia de mineros, hemos conocido en estos días con gran emoción el gesto magnífico de Vd. y de otros 101 intelectuales de nuestro país, que han elevado su voz para protestar contra los malos tratos, las torturas y vejámenes de todas clases infligidos a los mineros y sus mujeres durante las recientes huelgas. Queremos expresarles, al lado de nuestra emoción, nuestro profundo agradecimiento por el escrito que en este sentido han enviado al Ministro de Franco Sr. Fraga Iribarne.

Queremos decirle que todo cuanto en el mismo exponen es cierto y que si su valiente escrito adolece de algún defecto, este es el de no contener muchos más casos de los que en el mismo se reseñan. Para su información, a continuación nos tomamos la libertad de exponerles algunas precisiones más sobre algunos de los casos por Vds. citados y de reseñarles otros distintos:

1. El minero Silvino Zapico fue efectivamente castrado en los primeros días del mes de septiembre último. En la actualidad, a causa de las torturas a que fue sometido, se encuentra en su domicilio, sordo y ciego.

2. El minero de la «primera» de «El Fondón» a que Vds. se refieren es Alfonso Braña. Fue apaleado brutalmente, produciéndosele rotura de pómulo, y arrojado más tarde por los guardias civiles en estado semiinconsciente en un prado próximo a Sama de Langreo. Recogido por unos compañeros y llevado a un médico, éste manifestó que «no sabía por donde empezar», tales y tantas eran las lesiones que presentaba.

3. El minero que fue sorprendido por la guardia civil pintando un letrero «el pueblo se vengará» en una tubería de la «Duro Felguera» es Everardo Castro Pérez. Fue apaleado tan bestialmente y las torturas llegaron a tal grado que enloqueció. En la actualidad se encuentra recluido en el Manicomio Provincial de «La Cadellada».

4. Constantina Pérez Martínez, conocida con el sobrenombre familiar de «Tina», y Anita, esposa ésta de Alfonso Braña, detenidas por la policía, se mantuvieron firmes en los interrogatorios. Las torturaron brutalmente, llegando hasta a retorcérseles los pechos, y finalmente cortándoles el pelo al cero.

5. Jerónimo González Terente y José Ramos Tevera, mineros ambos, en unión de otro grupo de compañeros, mineros como ellos, fueron sacados de la Inspección de Policía de Sama de Langreo, después de ser brutalmente apaleados, y llevados por un grupo de guardias civiles y policías al paraje denominado «Altos de la Juécara», haciéndose allí un simulacro de fusilamiento. Más tarde han sido llevados a la Prisión Provincial de Carabanchel en Madrid, donde están a disposición de un Tribunal Militar.

6. Landino Pérez García, minero también, fue llamado a la Inspección de Policía de Sama de Langreo. Allí se le acusó de haber dado dinero anteriormente para ayuda de los mineros deportados en las huelgas de abril y mayo de 1962. Fue brutalmente golpeado, recibiendo numerosos golpes en los testículos. Más tarde, puesto en libertad pudo llegar a su casa en Blimea, donde permanece en cama, en reposo absoluto por prescripción médica.

7. Otro grupo de diez mineros de «El Fondón», después de ser brutalmente apaleados, fueron obligados por el capitán de la Guardia Civil Fernando Caro Leyva a presentarse en la mina el lunes día 2 de septiembre último.

8. Tonín es un minero de «El Fondón» que había salido del Penal de Burgos, sólo hacía unos días, cuando fue de nuevo detenido y sometido a torturas. En el tiempo de permanencia en el Penal de Burgos contrajo una afección pulmonar y los malos tratos recibidos en la Inspección de Sama de Langreo le han originado vómitos de sangre. Sin conocimiento fue arrojado a un prado en las inmediaciones de la citada localidad. [130]

9. José «El Gallego» y otro joven minero compañero suyo, de la mina «La Mosquitera», fueron torturados de manera salvaje. Al primero le han dejado impotente, como consecuencia de los puntapiés que recibió en los testículos. La esposa y la hija de José «El Gallego», que le esperaban ante la Inspección de Policía de Sama, al verlo no podían reconocerlo. Tal era el estado en que le habían dejado sus torturadores.

Los hombres, que más que hombres son verdaderos monstruos, que han dirigido y ejecutado este sistemático plan de torturas, ya los conocen Vds.:

Capitán Fernando Caro Leyva.

Cabo Pérez, hoy ascendido a Sargento por su «maestría» en la ejecución de las torturas.

Comisario Ramos, de la Brigada Político-Social de Oviedo.

Inspector de la misma Brigada, Sevilla.

Queremos que sepan Vds. que los mineros asturianos han ido a esta huelga por unas reivindicaciones muy concretas y justas:

Por mejores salarios; porque vuelvan los compañeros desterrados el año pasado y se reintegren a sus puestos de trabajo; por mejores pensiones para los mineros silicosos que ya no pueden trabajar; por tener sindicatos auténticamente libres.

Queremos que sepan también que la huelga se desarrolló de manera totalmente pacífica en todos los pozos y minas. La respuesta del régimen de Franco y de sus sindicatos domesticados también la conocen Vds.

Hubiéramos querido depositar esta carta en el correo, en esta dolorida pero indoblegable tierra de Asturias, pero ante el serio temor de que dados los nombres de sus destinatarios no llegaran a su destino, nos hemos tenido que desplazar a Madrid para hacerlo.

También confiamos sabrán disculparnos porque al pie de la misma no figuren nuestros propios nombres. Es obvio explicar las razones.

Con nuestro más profundo agradecimiento.

Un grupo de hombres y mujeres de Asturias».
Cuencas mineras asturianas, octubre de 1963.

La segunda carta de los intelectuales

Con fecha 31 de octubre, un grupo de 188 intelectuales, entre los que figuraban la gran mayoría de los firmantes de la primera carta, enviaron al Ministro de Información la siguiente réplica a su carta de 3 de octubre:

«Excmo. Sr.: Durante la pasada semana algunos de los firmantes de la carta que se dirigió a V. E. con motivo de los presuntos malos tratos y sevicias infligidos por miembros de la fuerza pública a mineros y mujeres de la cuenca asturiana, en ocasión de las recientes huelgas, han tenido comunicación oficial de su respuesta a don José Bergamín. Ulteriormente, parte de la prensa española ha reproducido ambas cartas.

Ante todo, hemos de manifestarle nuestra extrañeza por haber V. E. personalizado en don José Bergamín el escrito de referencia. Consideramos que las circunstancias biográficas del señor Bergamín son por completo ajenas al asunto planteado y que corresponde a dicho escritor contestar, como así lo ha hecho, en la forma que considere oportuna, a las imputaciones de que V. E. le hace objeto en su carta.

Por nuestra parte, deseamos limitarnos a las informaciones de V. E. con respecto a los supuestos malos tratos y violencias, y, acogiéndonos respetuosamente a la invitación al diálogo que V. E. dirige al señor Bergamín, [131] invitación que hemos de considerar extensiva al resto de los firmantes, hacer las siguientes observaciones:

1. En su respuesta, V. E. reconoce como «posible que se cometiese la arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y Anita Braña», agregando que, de resultar cierto semejante acto, «sería realmente discutible, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más que explicables, pero cuya ingenuidad» no deja V. E. de señalar. Es evidente que el hecho de cortar el pelo a dos mujeres difícilmente puede conciliarse con el calificativo de «ingenuidad» que V. E. añade a guisa de comentario. Un acto de tal naturaleza nos parece a todas luces infamante y motivo suficiente para que en cualquier país civilizado y libre se exijan responsabilidades criminales a sus autores. Por otra parte, parece muy poco probable que este acto de violencia física y moral no fuera precedido o acompañado de otros malos tratos y coacciones.

2. El reconocimiento del hecho anterior legitima la sospecha de que se haya empleado, asimismo, la violencia física con detenidos del sexo masculino. Pensar lo contrario constituiría una falta de lógica: Por qué los autores de los presuntos delitos habrían de emplear violencias sólo con las mujeres, que no han participado ni participan directamente en las huelgas?

3. La utilidad de nuestra anterior solicitud a V. E. queda evidenciada en su respuesta al señor Bergamín, pues gracias a la misma quienes no escuchamos habitualmente las emisiones de «Radio España Independiente» u otras emisoras del exterior hemos podido tener noticia fidedigna de diversas detenciones de carácter político. Ello es tanto más perturbador y alarmante cuanto que, según parece, esas detenciones han sido difundidas a través de la mencionada emisora y otros medios de información extranjeros.

4. Al final de su escrito, V. E. hace referencia a la «mendaz utilización» de las informaciones transmitidas por «corresponsales espontáneos». No escapará a la rápida comprensión de V. E. que esa «mendaz utilización», caso de que existiera, tendría únicamente su origen en la falta de información pública que padece el país, hasta el punto de que un hecho tan importante para la vida económica, social y política española como el de las huelgas del Norte no hemos tenido ni tenemos noticia regular y suficiente por la prensa y la radio nacionales, y hemos de enterarnos de las circunstancias de esos conflictos del trabajo, bien a través de la prensa y la radio extranjeras, bien mediante «corresponsales espontáneos» y ocasionales. A este respecto, es sobremanera expresivo lo que declaran los sacerdotes de la cuenca del Nalón sobre los conflictos laborales en Asturias en un escrito de agosto del año actual, anterior por tanto a los los presuntos hechos consignados en nuestra primera carta:

«A la luz de estos principios (contenidos en los textos pontificios) tenemos que lamentar que no se haya dado la importancia debida al problema (los conflictos laborales asturianos), ni en su magnitud ni en su objetividad, una vez que al tocarlo, se relega a un último plano, no se da una información completa y no se orienta para la solución del mismo; sino que se le rodea de un silencio pernicioso y culpable, o se le da una orientación tendenciosa como fácilmente se ha podido observar o no se hace eco de las repetidas reclamaciones y aspiraciones de la clase obrera.»

(Acompañamos a V. E., como anejo, copia del referido escrito.)

5. Como prueba de esta falta de información, nos permitimos significar a V. E. que, gracias a diversos corresponsales espontáneos y servicios informativos del extranjero, hemos tenido noticia de la reciente detención y procesamiento por motivos políticos de varios intelectuales, entre ellos los señores Pradera Cortázar, Sánchez-Mazas Ferlosio, Sánchez Dragó, Ferrer Sama, Matesanz, Sánchez Gijón y De Lucas Matilla. [132]

6. Observamos que en la carta de V. E. dirigida al señor Bergamín, se omite toda mención al Capitán de la Guarda Civil don Fernando Caro, como también al sargento Pérez, a quienes en nuestra carta anterior se señalaba como presuntos autores de las violencias en ella enumeradas. No obstante, de fuentes no oficiales aunque solventes, se nos informa que los susodichos capitán y sargento se encuentran en situación de arresto, por motivos y en condiciones no precisados. En vista de ello, nos permitimos acogernos al buen talante y disposición para el diálogo mostrados por V. E. rogándole nos informe sobre las circunstancias que concurren en ese arresto y sobre su relación con las violencias consignadas en nuestra carta, dos de las cuales, cuando menos, parece reconocer V. E.

7. Cuanto antecede justifica nuestra actitud como intelectuales y como ciudadanos en este caso y constituye una sólida base para nuestra gestión informativa, resultando por tanto absolutamente innecesaria y fuera de lugar, para movernos a tal gestión, toda supuesta maniobra de carácter partidista o publicitario. Entendemos que la misión del intelectual en toda sociedad libre, máxime si dice inspirarse en los principios cristianos, es promover el esclarecimiento de la verdad y contribuir a la formación de una conciencia pública. En consecuencia, nuestra actuación se ha guiado y se guía por un estricto concepto de la responsabilidad; y, de acuerdo con éste, juzgamos que ninguna autoridad gubernativa en un Estado libre y de derecho se halla titulada para fijar las normas que han de regir los deberes del intelectual con respecto a la conciencia pública, deberes de carácter eminentemente privativo y moral.

Por todo lo expuesto, volvemos a dirigirnos a V. E., para solicitar que interese de los poderes públicos la formación de una comisión de juristas, integrada por abogados del Ilustre Colegio de Madrid, designados por su Decano, comisión que se trasladaría a los lugares de los presuntos hechos a fin de llevar a cabo una investigación detenida sobre los mismos.

Agradecemos a V. E. la ocasión que nos brinda para proseguir el diálogo entablado, dándole seguridades de que por nuestra parte este diálogo se mantendrá con la mayor deferencia personal hacia V. E.

Le saludan muy atentamente,

N. B. Las nuevas firmas que suscriben esta carta se hacen solidarias del escrito anterior dirigido a V.E.

José Luis Aranguren, Catedrático de la Universidad de Madrid; Santiago Montero Díaz, Catedrático de la Universidad de Madrid; Enrique Tierno Calvan, Catedrático; Valentín Andrés Alvarez, Catedrático y ex-decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas; Joan Oliver, escritor; Gabriel Celaya, poeta; Antonio Buero Vallejo, dramaturgo; José María Castellet, crítico; Ignacio Aldecoa, novelista; Ana María Matute, novelista; Juan Antonio Bardem, director de cine; Alfonso Sastre, dramaturgo; Carlos Barral, editor; Antonio Tapies, pintor; Antonio Saura, pintor; Francisco Fernandez-Santos, escritor; Eugenio de Nora, poeta y crítico; Joan Triadu, escritor; José María Moreno Galván, crítico; Rafael Santos Torroella, escritor; Jesús López Pacheco, poeta; Fernando Baeza, editor; Vicente Ventura, escritor; Pablo Martí Zaro, escritor; Joan Fuster, escritor; Sainz De Buruaga, economista; Manuel Millares, pintor; Francisco Pérez Navarro, escritor; Ángel Fernández-Santos, escritor; Francesc Vallverdú, poeta; Armando López Salinas, novelista; Juan García Hortelano, novelista; Xavier Rubert De Ventos; Jordí Carbonell, poeta; Julián Marcos, poeta y ayudante de cinematografía; Manuel Rabanal Taylor, crítico de cine; Lauro Olmo, dramaturgo; Gonzalo Torrente Malvido, novelista; José Luis Abellán, escritor; Fermín Solana, escritor; Juan Eduardo Zúñiga, escritor; J. Maestro, economista; José Luis Cano, escritor; Ramón Nieto, novelista; Antonio Ferres, novelista; Carlos Muñiz, dramaturgo; Francisco Moreno Galván, pintor; Jaime Maestro, crítico de cine; [133] Coral Pellicer, actriz; Pío Caro Baroja, escritor; José Esteban, poeta; Angelino Fons, novelista; Alfredo Mañas, dramaturgo; José Luis Egea, guionista; José Manuel Hernán, ayudante de dirección; Ángela Figuera Aymerich, poetisa; Juan Julio Baena, operador de cine; Juan Goytisolo, novelista; Víctor Erice, crítico de cine; San Miguel, crítico de cine; Ricardo Zamorano, pintor; Ricardo Domenech, escritor; Fernando Ontañón, escritor; Caballero Bonald, poeta y escritor; Felipe H. Lorda, escritor; Juan Marsé, novelista; Daniel Gil, pintor; Pinilla De Las Heras, profesor y escritor; Gabino Alejandro Carriedo, poeta; Luciano G. Egido, crítico de cine; Manuel Calvo, pintor; José Duarte, pintor; Andrés Alfaro, escultor; Aguilera Cerni, crítico de arte; Eusebio Sempere, pintor; Ángel Crespo, poeta; Valeriano Bozal, crítico de arte; Ortiz Alfau; Pablo Serrano, escultor; Cortijo, pintor; José Ramón Marra López, escritor; Luis Goytisolo, novelista; César Santos Fontenla, crítico; Abel Martín; José Ayllón, crítico de arte; Daniel Sueiro, novelista; Faustino Cordón, científico; Jesús García De Dueñas, crítico; Ángel María de Lera, novelista; M. Díaz Caneja, pintor; Ramón de Garciasol, poeta; Ángel González, poeta; Francisco Alvarez, pintor; P. Jordi de Barcelona, Monje Capuchino; José Sanabre, presbítero; Ferrán Soldevilla, historiador; Antonio María Badia Margarit, Catedrático de la Universidad de Barcelona; Salvador Espriu, escritor; José María Espinas, novelista; Josep María Garriga, presbítero; Marqués de San Román De Ayala; Ángel Latorre, Catedrático de la Universidad de Barcelona; M. Coll i Alentorn, historiador; Claudi Ametlla, publicista; Mariá Manent, escritor; Joan Rebull, escultor; J. Oriol Anguera, médico; Pere Calafell, médico; A. Cirici Pellicer, crítico de arte; Maurici Serrahima, escritor y abogado; Rafael Tasis, escritor; Oriol Bohigas, arquitecto; Josep Dalmau, presbítero; Manuel de Pedrolo, escritor; Josep Bonet Morell, abogado; Josep M. Martorell, arquitecto; Ricardo Fernandez De La Reguera, novelista; A. Rafols Casamada, pintor; Heribert Barrera, ingeniero; Joaquín Molas, escritor; Albert Manent, escritor; José Agustín Goytisolo, escritor y poeta; Josep Fontana i Lázaro, profesor de la Universidad de Barcelona; Hortensia Corominas, profesora; María Tubau, actriz; Román Gubern, ayudante de cinematografía; Alfonso Carlos Comín, ingeniero; Joan Petit, traductor; Manuel Sacristán Luzón, profesor de la Universidad de Barcelona; Santiago Pey, publicista; Rosa Leveroni, escritora; Emili Giralt, profesor; Antoni Sala Cornado, escritor; Claudi Martínez Girona, escritor; Josep María Piñol, publicista; Francesco Vila-Abadal, médico; Piera Fio, médico; Ramón Fuster Rabes, pedagogo; Antonio Martí, abogado; Anna Ramón De Izquierdo, profesora; Joaquín Garriga, guionista; Susana March, escritora; Ángel Carmona, director de teatro; Ricard Salvat, director teatral; Joan Reventós, abogado; Josep Montañés, actor; Francés Nello Germán, escritor; Carmen Serrallonga, profesora; María Girona, pintora; Francisco Candel, escritor; Juliana Joaquinot, profesora; José Corredor Matheos, escritor; Ricardo Albert Llauro, profesor; Fabia Puigserver, escenógrafo; Ernest Lluch, economista; Josep Oriol Esteve, psiquiatra; Carmen Miranda, abogado; José María Rodríguez Méndez, dramaturgo; Feliu Fermosa, director teatral; Arnau Puig, escritor; F. Espinet B., actor; Fernando Cobos, director teatral; Joan Argente, escritor; Joaquín Jordá, director de cine; P. Puig De Fabregas, arquitecto; Joan Sales, escritor; Francisco Rodón, escritor; Jaime Salinas, editor; Josep María Poblet, escritor; Ferrán Cuito, ingeniero industrial; Jordi Ventura, escritor; Manuel Borrás, editor; Carlos Muñoz Espinalt, psicólogo; Joan Corominas i Puig, médico; Joan Cornudella, publicista; Pere Babot, médico; Taverna, médico; J. Figueras Amat, médico; Joaquín Ramis, médico; Jaime Gil De Biedma, poeta; Josep Calsamiglia, editor; María Aurelia Capmany; E. Terrón; J. Laborda; S. Encino, ayudante de dirección de cine; Consuelo Berges, escritora; José María de Quinto, novelista y director de teatro. [134]

La segunda carta del Ministro de Información

El 12 de noviembre, el Sr. Fraga Iribarne dirigió una carta, esta vez a don José Luis Aranguren, en la que respondía al escrito de los 188 intelectuales:

«Muy señor mío: Dirijo a Vd. esta carta en respuesta a la que he recibido firmada por un grupo de ciudadanos españoles y lo hago así, según el procedimiento habitual de dirigiese al primer firmante de un documento que ha sido suscrito por diferentes personas.

Alegan ustedes en su escrito mi invitación al diálogo hecha en la respuesta que hube de dar a otro escrito del que eran firmantes también algunos de Vds. Quisiera precisar por ello que yo entiendo el diálogo como un intercambio de opiniones expuestas con honestidad y sin afán de publicidad, ya que si faltan la primera o la segunda de esas circunstancias no puede hablarse propiamente de un diálogo, sino simplemente de dos diálogos.

Aducían Vds. en su primer escrito una serie de hechos de extremada gravedad, a los que creo haber dado cumplida respuesta sin que Vds. sean hoy capaces de aducir ninguna prueba o testimonio en contrario, no obstante lo cual insisten genéricamente sobre ellos sin tener la generosidad de reconocer el propio error o la defectuosa información.

Ante esas circunstancias, espero comprendan que me es imposible continuar dialogando sobre este asunto, ya que mi argumentación no es ni rebatida ni aceptada, situación que debo considerar como anómala en un grupo de personas que pretenden mantener el diálogo en nombre de la intelectualidad.

Como después de acusar de muertes, castraciones y violencias de todo género a las instituciones, mantienen exclusivamente dos posibles abusos de autoridad, que, aunque lamentables, revestirían no obstante una muy inferior gravedad, creo tener base para considerar que por parte de Vds. no existía ni existe un auténtico deseo de información sino simplemente el de producir un escándalo.

Ahora bien, afortunadamente, en España vivimos dentro de un Estado de derecho. El que a título personal considere el diálogo como roto por Vds. no es obstáculo, ni lo ha sido nunca, para el ejercicio de las posibilidades legales abiertas a todos los españoles, que, por si alguno las desconociese, a continuación tengo la satisfacción de señalarles:

Primero. El derecho de petición reconocido en el artículo 21 del Fuero de los Españoles, viene regulado por la ley de 22 de diciembre del 1960, que establece detenidamente la forma de su ejercicio. A mayor abundamiento, el articulo 1º de esa ley señala que «corresponde a los españoles la facultad para dirigirse a los poderes públicos en solicitud de actos o decisiones sobre materia de su competencia», infiriéndose de dicho artículo que sólo los organismos que tienen competencia para conocer de los actos o decisiones que interesan a los peticionarios deberán ser aquellos a los que de un modo exclusivo se dirija la correspondiente petición.

Segundo. Por si ello fuera poco, según el artículo 101 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal todo español está legitimado para ejercitar la acción penal ante los tribunales, incluso en casos de delitos que no le afecten directamente ni indirectamente, y según el artículo 264 de la misma Ley el que por cualquier medio tuviese conocimiento de la perpetración de algún delito deberá comunicarlo al Ministerio Fiscal, al tribunal competente o al juez de instrucción municipal, sin que se entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella, no contrayendo en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que hubiese cometido por medio de la denuncia o con su ocasión.

Existiendo estos cauces, que no tengo noticia de que hayan sido utilizados por Vds. comprenderán que carece de toda base jurídica su demanda de formación de una comisión especial por un Colegio de Abogados que, ni por [135] función profesional, ni por su definido ámbito territorial, tiene competencia en este caso.

Si sincera y honestamente se hubiesen sentido Vds. preocupados por determinados hechos que dicen conocer, el camino más directo, eficaz y adecuado habría sido el de ejercitar cualquiera de aquellos derechos. Por el contrario, al dirigirse a mí dando antes a la publicidad su primer escrito y evidentemente después el segundo, debo interpretar que lo que se pretendía no era lograr un esclarecimiento, sino buscar la máxima difusión a un escrito colectivo, con el exclusivo fin de desacreditar a unas instituciones, sin tener en cuenta el grave daño que ello pudiera causar al prestigio del buen nombre de España y de sus funcionarios. Atentamente le saluda».

Manuel Fraga Iribarne

Carta de un grupo de presos políticos de Burgos

«Excmo. Sr.: Hasta nosotros, atravesando los muros ha llegado el eco y los términos de la polémica llevada a cabo entro Vd. y ciento dos intelectuales... Vd., Excmo. señor, se manifiesta dispuesto al diálogo. Acudimos a esta invitación para, como intelectuales, presos políticos, aportar una serie de elementos que juzgamos necesarios sean tenidos en cuenta a la hora de reflexionar sobre las serias cuestiones de fondo que se discuten. Vaya por delante nuestra simpatía hacia esos 102 intelectuales que, estamos seguros, en el nombre de millares de intelectuales españoles de las más variadas profesiones, han tenido la iniciativa de no callar por más que se avise silencio y se amenace miedo. Las torturas practicadas en Asturias, último medio utilizado por el gobierno para intentar frenar –con poco éxito por cierto– dos meses y medio de huelga en que los mineros pedían el derecho a la huelga, sindicatos obreros, la vuelta de los detenidos y deportados y un nivel de vida digno, hace que sea necesario reflexionar y debatir ya de una vez todo el cúmulo de arbitrariedades y atropellos que tienen lugar en España como procedimiento de represión política y que tanto nos aleja de lo que debe ser un Estado de derecho.

El escribir nosotros, Sr. Ministro, que hemos pasado por los interrogatorios de la Brigada Político Social, y desde Burgos, una de las cárceles en que se acumula mayor número de presos políticos de todas las tendencias, garantiza la seguridad y la concreción, tanto de los informantes como de lo informado. La casi totalidad de los hombres que se encuentran en esta cárcel, al igual que nosotros mismos, ha recorrido toda la escala de la arbitrariedad y la tortura. Sólo hay que preguntarnos uno a uno. Queremos consignar que nos limitamos a casos producidos en los años últimos pues no es nuestro deseo tener la vista fija en el pasado sino en el presente y en la forja de un futuro de convivencia y legalidad. La mayor parte de los que firmamos hemos sido golpeados. Merece la pena resaltar los siguientes casos:

José Ruiz de Calarreta. En Madrid en 1961, fue golpeado en varios interrogatorios. Le azotaron con un vergajo los pies hasta quedar inconsciente, pisoteándoselos ya tumefactos. Su mujer, también detenida, sufrió un ataque de enajenación mental. Le rompieron varias costillas; durante días escupió sangre. Tardó meses en curar y le ha quedado una talalgia crónica.

Gregorio Ortiz Ricol. En Madrid, en 1960, fue sometido a golpes en todo el cuerpo durante varios días. Le hundieron dos costillas, por lo que tuvo que ser asistido por el médico de la Dirección General de Seguridad, que le vendó el tórax. A los dos meses persistían las lesiones según demostró el examen radioscópico de la Prisión de Carabanchel.

Agustín Ibarrola. En Bilbao, en 1962, perdió la razón durante varios días [136] a consecuencia de los golpes y las torturas psicológicas. Ibarrola denunció estas torturas en el Consejo de Guerra que le juzgó, pidiendo se llevase a cabo una investigación. Ni que decir tiene que no fue escuchado.

Eduardo Rincón García. En Oviedo, en 1961, la Brigadilla de la Guardia Civil y en especial el famoso Cabo Pérez, le retorció los testículos y le tuvieron de rodillas sobre garbanzos durante horas.

Joaquín Fernandez Palazuelo. Santander, 1960. Atado y desnudo de medio cuerpo, fue golpeado con toallas húmedas por el Jefe de la Brigada Político Social, Sr. Solar. Cuando caía al suelo le pateaban entre varios policías.

José Ramón Herrero Merediz. En Gijón, 1960. Fue golpeado en las rodillas con un bastón recibiendo varias palizas. Le reventaron los oídos. Pero estos casos no son excepcionales. Le citaremos, a modo de ejemplo, algunos casos de distintas ciudades.

Madrid. A Melitón Moreno Alcoroche, en 1961, le golpearon brutalmente en corro durante horas, haciéndole perder varias veces el conocimiento. Lo mantuvieron durante horas arrodillado sobre piedrecitas. Finalmente, lo colgaron de los brazos. Melitón Moreno, hombre de gran fortaleza física, ya no ha vuelto a recobrar la salud. Desde su ingreso en Burgos ha tenido que permanecer en enfermería. Ha sufrido un ataque de locura y otro de parálisis parcial.

Madrid. Enrique Lerma Monroy, en 1963, enloquecido por las duras y continuas torturas, intentó suicidarse dándose cortes en múltiples partes del cuerpo con el cristal roto de sus gafas.

Barcelona. A Miguel Núñez, en 1958, le tuvieron colgado de los brazos durante 27 horas.

En 1961, a Vicente Cascarra le golpearon con porras de goma y reglillas las manos, plantas de los pies y otros lugares del cuerpo, durante horas. Sólo le dejaron cuando su vida corría grave peligro.

Valencia. En 1959, a Higinio Recuenco, abogado, le aplicaron corrientes eléctricas. En 1962, a Joaquín Fernández. Hay que señalar que éste es el medio predilecto de la Brigada Político Social de Valencia.

Bilbao. En 1962, Francisco José Vilate, ante las dolorosas torturas, intentó suicidarse cortándose la yugular. Hoy tiene proceso por intento de suicidio.

Sevilla. En 1960, Emilio Rodríguez Martín fue torturado durante once días consecutivos por la Guardia Civil, la Brigada Político Social de Madrid y de Sevilla. Le aplicaron las siguientes torturas: amarrado a un banco, le golpearon con porras los pies descalzos hasta reventárselos. Con una manopla le golpearon la cara hasta hacerle brotar sangre. Le introdujeron la cabeza en una lata y durante horas redoblaron en ella a modo de tambor. Finalmente le colocaron una careta mediante la cual le reducían la entrada de aire hasta producirle la asfixia momentánea y el desvanecimiento.

La lista, Sr. Ministro, podría ser interminable.

A las torturas habría que añadir la ilegal permanencia en manos de la policía en tiempos que exceden las 72 horas. Contados hombres de la Prisión Central de Burgos no han excedido este plazo legal.

En la contestación a la carta de los 102 intelectuales, el Sr. Ministro invita a que se visite a un minero encarcelado en la prisión de Carabanchel. Basándonos en esta invitación, pedimos al Sr. Ministro se comprometa a que puedan visitarnos a los presos políticos de Burgos y de las otras cárceles para que se haga una encuesta pública y garantizada sobre la utilización de las torturas y demás ilegalidades en los interrogatorios policiacos por motivos políticos. Si como el Sr. Fraga Iribarne asegura en España no se tortura, nada hay que impida la realización de la citada encuesta.

Pero el problema, Excelentísimo Sr. Ministro, desborda las torturas. La carencia de garantías en la vida pública ciudadana es una larga experiencia para los españoles. Tras ser torturados, por los procedimientos señalados, los hombres que piensan contrariamente al Gobierno, los hombres que han reclamado mejores [137] salarios, libertades sindicales y políticas, son sometidos a un Consejo de guerra acusados de «rebelión militar». Aquí, sobre expedientes elaborados a palos por la policía sin posibilidades de defensa civil, sin sistema de garantías en la prueba, se es condenado a cantidades de años insólitos en cualquier país civilizado, e incluso se sigue empleando la muerte como condena política.

La ilegalidad en la persecución política, Excelencia, continua después del Consejo de Guerra y de sus monstruosas condenas. En las cárceles los presos políticos somos sometidos a un régimen de oprobio continuo. No es la ocasión para señalar con detalles todo el alcance de esta persecución y el papel que en ella juegan los Patronatos de la Dirección General de Prisiones, Patronatos contra los Presos Políticos. La represión y el silencio en torno a los presos políticos –todo español sabe cómo el Gobierno ha tenido que pasar de la afirmación de que en España no hay presos políticos a ir admitiendo poco a poco nuestra existencia–, la represión y el silencio en torno a los presos políticos, decíamos, alcanza múltiples formas: desde impedir que familiares que no sean de primer grado y los mismos abogados puedan visitarnos; desde tenernos mezclados con presos comunes; desde estar castigados con penosas sanciones al poner en el remite de nuestras cartas la condición de presos políticos reconocida en todo el mundo; desde ejercerse una creciente represión cultural siendo cada día más difícil conseguir el permiso para la entrada de cualquier clase de libros legales en España y estar prohibidas la casi totalidad de las revistas nacionales, incluidas las oficiales y las católicas, sin contar con la prohibición de recibir la prensa diaria y de oír los «diarios hablados de Radio Nacional». Desde la ilegal prohibición de que puedan redimir los conmutados de la pena de muerte, prohibición formulada por una orden secreta de marzo del 1953, con lo que estos hombres –cerca de sesenta solamente en Burgos– han de cumplir ininterrumpidamente 20 años consecutivos de cárcel para alcanzar la libertad. Veinte años de cárcel en muchos casos los arroja a la calle a morir, como ocurrió con Francisco Gallo Peñas; en otros, antes de alcanzar este plazo mueren en cualquier cárcel-hospital, corrompida su salud por las condiciones de vida en prisión. Esto ocurrió hace poco con Benito Pérez García, muerto en Yeserías después de 17 años de cárcel ininterrumpidos. Hace días salió de Burgos, también para Yeserías, Narciso Julián, enfermo de la columna vertebral, que lleva encarcelado más de 8 años. Desde negarnos la legal aplicación de la libertad condicional sobre la condena inicial, aplicándola la Dirección General de Prisiones sobre la condena menos los beneficios de indulto, diferencia que ha supuesto millares de años en total, e individualmente la arbitraria prolongación de la condena por años o meses.

Esta práctica repetida de la arbitrariedad alcanza hoy su más escandalosa muestra en lo que está ocurriendo en la prisión Central de Burgos, en la negación del principio de la libertad de conciencia. Aquí, en contra de las normas de la Iglesia claramente expresadas por el buen papa Juan XXIII, en la encíclica «Paz en la Tierra» que su Excelencia tan justa y noble estima, en artículo publicado recientemente, se nos obliga a toque de corneta, a los católicos y no católicos, a asistir a los actos religiosos, lo que, aparte de estar en contra del principio señalado de la libertad de conciencia, está también en contra de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de las propias leyes españolas, desde el fuero de los Españoles hasta el Reglamento de Prisiones.

Por este motivo, cinco hombres se encuentran en celdas de castigo. Queremos facilitarle los datos, señor Ministro, por si los desconoce. Por oponerse a que se siguiese ejerciendo sobre ellos la violación de su derecho a la libre conciencia, habiéndose negado a asistir al acto de la Misa, han sido rapados, encerrados en celdas de castigo durante cuarenta días y negada la redención durante un año, lo que supone seis meses más de cárcel, los siguientes hombres: Vidal de Nicolás, vasco, de cuarenta y un años de edad, poeta y escritor. Se da la circunstancia de que no está bautizado, que ha respetado la fe católica de [138] su esposa, habiéndose casado en matrimonio mixto, según prevé la Iglesia, y que en el respeto que le anima a la fe de los demás ha bautizado a sus hijos, según era deseo de su esposa. Hay que señalar, que se encuentra enfermo de presunta tuberculosis renal y pese a ello continúa en celdas. Ha sido amenazado con ser golpeado si no va a Misa.

Vicente Llopis, de 36 años de edad, representante de Comercio madrileño, ha sido hasta fecha muy reciente falangista, ocupando diversos puestos en esta Organización. Fue detenido por formar parte de la Oposición Sindical Obrera y luchar por la libertad sindical y el derecho a la huelga.

Ambos llevan en celdas de castigo desde el día 15 de septiembre.

Jorge Conill, de 24 años de edad, catalán, estudiante de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona.

Eliseo Bayo, de 24 años de edad, zaragozano periodista de «El Heraldo de Aragón» y del «Noticiero Universal», colaborador de la «Gaceta Ilustrada», ha permanecido durante 8 años en el Seminario donde se ha desarrollado su educación.

Luis Expósito, de 44 años de edad, obrero. Es un hombre que desde el final de la guerra ha estado encarcelado 22 años. Actualmente lleva ininterrumpidos 18 años de cárcel.

Estos tres últimos llevan en celdas de castigo desde el día 13 de octubre.

Creemos conveniente señalar las motivaciones que, –todos ellos las han indicado en instancia al director del penal– les han llevado a tomar la actitud señalada.

a) Que consideran que su actitud, lejos de tener un carácter antirreligioso, supone el más elevado respeto a la Religión Católica, estimando que hora es ya de suprimir las prácticas de intransigencia religiosa o irreligiosa que frecuentemente han asolado nuestra Patria.

b) Que consideran su actitud de acuerdo con los principios de la Iglesia católica, especialmente expresados por S. S. Juan XXIII y por el Cardenal Bea.

c) Que piden sean consultados el obispo de Burgos y el Cardenal Primado de España, seguros de que aprobarán su actitud.

d) Que consideran su actitud conforme al espíritu del Reglamento de Prisiones.

Vd. Excelentísimo Sr. Ministro, declara está dispuesto al diálogo. Ello nos autoriza a mandarle este escrito, así como a esperar su contestación pública a los hechos y peticiones que aquí consignamos.

Si la vida social se desarrolla en España según las leyes, si no existe la tortura ni ninguna de las prácticas arbitrarias que señalamos y sólo se trata de otra «leyenda negra», ningún peligro hay para el prestigio del Gobierno en que sea abierta una encuesta pública y garantizada, sobre todo cuanto denunciamos: que, en efecto, puedan venir a vernos a los presos políticos comisiones de abogados, de intelectuales y de sacerdotes. Pero nos tememos, señor Fraga, que el Gobierno ni abra la encuesta ni autorice esas visitas y que el silencio en torno a los presos políticos siga siendo la táctica empleada en el futuro.

No sabemos si la contestación a esta carta querrá ser la represión entre estos muros de Burgos. Esto sería grave. Equivaldría a lanzar una invitación al diálogo para perseguir al que conteste. Aún cuando así fuese, consideramos que hoy es un deber para todo español la exigencia pública de un Estado de derecho y de una convivencia ciudadana que garantice el libre ejercicio de los derechos fundamentales, base única sobre la que podría forjarse el progreso político, económico, social y cultural de España.

Existen entre las firmas las ausencias de Vidal de Nicolás, Eliseo Bayo y Jorge Conill, intelectuales, estamos seguros, que coinciden con esta carta. Firmamos asimismo como intelectuales, señor Ministro. A este respecto recordamos lo que decía un gran literato profundizando en su profesión. Thomas Mann decía: [139] «El humanismo es la literatura unida a la política». Es claro que Thomas Mann, por sentir, y sobre todo por decir estas cosas, tuvo que salir huyendo de la Alemania hitleriana.

Aplaudimos el esfuerzo de los intelectuales humanistas españoles no resignándose a abandonar su patria.

Atentamente le saludan.»

Firmantes: Gregorio Ortiz Ricoll, abogado, condenado a 20 años y un día; José Ramón Herrero Merediz, licenciado en derecho, 14 años; Joaquín Fernández Palazuelos, escultor, 11 años; Eduardo Rincón García, músico, 11 años; Fernando Sagaseta, abogado, 8 años; Antonio Gutiérrez Díaz, médico, 8 años; Francisco Acebes, médico, 15 años; Antonio G. Pericas, periodista, 10 años; Agustín Ibarrola, pintor, 9 años; Aladino Cuervo, ingeniero, 20 años; José Satué, sindicalista, conmutado de pena de muerte; Jaime Ballesteros Pulido, escritor, 6 años; Antonio Serna, proyectista general, conmutado de pena de muerte; José Ruiz De Galarreta, traductor, 15 años; Vicente Gascarra Cremale, 17 años; Ambrosio Ortega, pintor, conmutado de pena de muerte.

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