Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana
Hijos de J. Espasa, Barcelona 1915
tomo 18 (segunda parte)
páginas 1717-1718

Doctrina

Derecho. El concepto general de esta palabra, que sirve para designar un conjunto de principios o máximas y de preceptos motivados, ha tenido en América una significación especial y más concreta aún, por haber alcanzado aquellos principios el carácter de verdaderas tesis en las teorías sustentadas por Monroe, Drago y Tobar.

Doctrina de Monroe. Le dió su nombre el presidente que por vez primera la proclamó en 1823 ante el Congreso y se refiere a la política de los Estados Unidos respecto a la intervención extranjera en los negocios de los países americanos, habiendo sido considerada como consecuencia del principio de neutralidad aplicado por Washington a todas las cuestiones europeas, y traduciéndose modernamente como expresa declaración del gobierno norteamericano, en el sentido de interpretar como acto de hostilidad toda ocupación o conquista de cualquier territorio de América del Norte o del Sur, por parte de una potencia europea. No contraviene en modo alguno el derecho de cualquiera de éstas a hacer valer el de indemnización por perjuicios materiales irrogados a sus súbditos, pero rechaza por ficticia toda ocupación territorial efectuada por las potencias europeas, bien sea con carácter temporal o permanente. Esta concepción se ha desarrollado gradualmente teniendo autoridad en derecho internacional como derivado del derecho de todo Estado a repeler las agresiones que menoscaben sus intereses y el argumento ha ido ganando fuerza con la extensión y complicación de los asuntos americanos, aunque el modo extremo de aplicarlo va siempre acompañado del peligro de conflictos internacionales. Básase la doctrina en dos puntos tratados por el presidente Monroe en su mensaje al Parlamento, refiriéndose uno a la colonización y otro a la intervención europea. Era motivo del primero la cuestión de límites entonces pendiente entre Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos, suscitada por pretender el Imperio moscovita expulsar de su territorio a partir del 51° de latitud a todos los extranjeros. «La ocasión es propicia, afirmaba Monroe, para proclamar como un principio vital de los derechos o intereses de los Estados Unidos, que los países del Continente americano por la libertad e independencia que han alcanzado no pueden considerarse ya como propios para la colonización europea.» De las circunstancias imperantes y los propios términos de la declaración se infiere que ésta se refería a la adquisición de territorios por establecimiento u ocupación primitiva y no por donación, compra, transferencia voluntaria o conquista. Aunque entonces tenía aquel principio relación tan sólo con los territorios litigiosos del NO., en realidad podía prescribirse su aplicación a los vastos e inexplorados territorios del Continente, que a quedar sujetos a la jurisdicción de una potencia europea con sus derechos exclusivos y privilegiados de tráfico hubieran comprometido gravemente los intereses de los Estados Unidos. En definitiva, la controversia quedó solucionada por el tratado subscrito en 1825 con Rusia, lo cual no privó que se formulase de nuevo el principio en 1826 en las instrucciones del presidente J. Q. Adams a los delegados americanos del Congreso de Panamá. Su aplicación se limitaba, sin embargo, a los derechos de cada Estado a defender sus propios límites no defiriendo en ninguna autoridad que los representase el derecho de obrar colectivamente en nombre de todos como fuerza de resistencia. Los delegados norteamericanos no llegaron a tomar parte en el Congreso de Panamá y, por lo tanto, quedó la cuestión en suspenso, y así permaneció durante veinte años. La segunda parte de la primitiva declaración de Monroe es una respuesta a las decisiones de la Santa Alianza que en el Congreso de Verona de 1822 había tratado de la restauración del dominio español sobre las colonias americanas rebeladas, pero cuya independencia habían reconocido ya los Estados Unidos. Como los intereses comerciales de Inglaterra en dichas naciones hubieran quedado lesionados con aquella medida, propuso dicha potencia a los Estados Unidos una declaración común contra semejante paso. Sin esperar la respuesta, no obstante, decidió Inglaterra en 1823 informar al embajador francés del disgusto con que había recibido aquella declaración, no pasando adelante la acción de las potencias de la Santa Alianza, y el presidente Monroe declaró en su mensaje «debemos a la buena fe reinante en nuestras relacionen con los Estados europeos afirmar que consideraremos lesiva a nuestra seguridad cualquiera de sus tentativas para ensanchar su dominio en una porción de nuestro hemisferio. No hemos intervenido ni intervendremos jamás en las colonias que aquellos Estados poseen en territorio americano, pero con respecto a las que han manifestado ya su independencia, hemos resuelto que toda medida encaminada a oprimirlas o a contrariar de un modo u otro su libre destino será considerada como un acto de hostilidad hacia los Estados Unidos.» Aunque las ideas de Monroe parecían responder oportunamente a los exigencias del tiempo no eran realmente una novedad, pues se deducían del creciente desarrollo de los Estados Unidos, y se habían hecho ya sentir en otros documentos y particularmente en la correspondencia de Adams, de Jefferson y del propio Monroe. Dos meses antes de la publicación de su mensaje había afirmado Jefferson: «Nuestra primera máxima debe ser la de no mezclarnos jamás en las querellas de Europa, y nuestra segunda la de no permitir que ella intervenga en nuestras cuestiones cis-atlánticas.» Habiéndose logrado ya paralizar los actos de la Santa Alianza, quedó en suspenso toda aplicación por esta parte, desarrollándose, en cambio, en la época siguiente, la que se refería a la colonización. En 1815 dio el presidente Polk el primer paso para extender dicho principio. Agitábase de nuevo la cuestión de límites en el NO., esta vez con Inglaterra, y el gobierno norteamericano preparaba la anexión de Tejas. «Debe anunciarse solemnemente al mundo entero, decía Polk, que no se establecerá con nuestro consentimiento ningún dominio ni colonia extranjera en toda la extensión del Continente norteamericano.» La doctrina sentaba ya una limitación contra el derecho de compra, donación o conquista por parte de una potencia europea y virtualmente contra el protectorado, aunque circunscrita esta limitación a América del Norte. En 1848, cuando la ocupación de Yucatán, declaró Polk en un segundo manifiesto su hostilidad a todo derecho de anexión del territorio por otra potencia, fuese por cesión o transmisión voluntaria. En 1853 y al tratarse de la anexión de Cuba en el Senado americano, se presentó en este una declaración donde se combinaban los principios de Polk y Monroe. No se llegó entonces a sancionarla y de hecho no ha recaído aún acerca de ella ningún reconocimiento formal del poder legislativo ni ninguna resolución favorable en texto alguno de leyes. No forma parte, pues, de los códigos norteamericanos aunque el creciente predominio de los intereses de los Estados Unidos en ambas Américas, ha hecho que entren cada vez más como principio en el pueblo norteamericano y los partidos políticos del mismo. Como ejemplos notables de su aplicación en derecho internacional deben considerarse la intervención de los Estados Unidos en Méjico, que acabó con la evacuación francesa en 1866 y la declaración del presidente Cleveland a Inglaterra en la cuestión de limites con Venezuela en 1895. En la primera, el gobierno norteamericano, que durante la guerra civil había protestado de la presencia de tropas francesas en Méjico, repitió su declaración al concertarse la paz enviando al general Sherman a la frontera con fuerzas militares. Entonces el emperador Napoleón III mandó retirar su cuerpo de ocupación y abandonó al emperador Maximiliano a su propio destino. En la cuestión venezolana, habiendo declarado el gobierno de los Estados Unidos que Inglaterra violaba la doctrina de Monroe, logró que consintiera en un arbitraje y se resolviera la cuestión amigablemente. También se ha interpretado la doctrina de Monroe como el protectorado de los Estados Unidos sobre todas las naciones americanas en sus conflictos con Europa, mas esta afirmación no ha sido corroborada por los hechos siempre, sin duda, por la categoría de los Estados litigantes europeos, a quienes no hubiera resultado fácil impedirles la defensa de sus intereses lesionados. En 1842 bloquearon los ingleses el puerto de San Juan de Nicaragua, y en 1851 la costa occidental del Salvador, mientras que en 1894 ocuparon el puerto de Corinto. En 1903 las escuadras anglo-alemanas bloquearon la costa de Venezuela para obligar al pago de sus indemnizaciones recabando los Estados Unidos la solemne promesa por parte de las potencias referidas de que no se ocuparía ningún territorio venezolano como garantía de solvencia. Desde la apertura del canal inter-oceánico y la nueva situación de los Estados Unidos en las Antillas se ha hecho más difícil el problema.

Doctrina de Drago. Ha sido presentada por su autor, el ministro de Estado o de Relaciones extranjeras argentino doctor G. Drago, como una consecuencia o forma nueva de la doctrina de Monroe. En Diciembre de 1902, o sea al día siguiente de la demostración naval conjuntamente realizada por Inglaterra y Alemania, contra Venezuela, para que este país regulara lo concerniente al reconocimiento y efectividad de su Deuda, quedó sentada esta doctrina y consignada en la nota de la República de la Plata al ministro de Negocios extranjeros norteamericano. Dicha nota iba concebida y redactada en los términos de que la República Argentina no podía consentir nuevas expansiones coloniales de Europa en América y mucho menos «la opresión de los Estados de este continente bajo el pretexto de que una desdichada situación financiera pudiera obligar a alguno de estos Estados a retardar el pago de sus compromisos económicos», o en otros términos, que una razón de Deuda pública no podía motivar intervención armada ni ocupación de territorios americanos por una potencia europea. Como se ve, Drago se ha esforzado en establecer estrecha solidaridad con Monroe y su concepción sobre la inviolabilidad de las naciones americanas previendo el caso de que una deuda pública pudiera motivar la coerción militar por parte da un Estado europeo.

Tal es la doctrina que ha sido defendida por su autor y discutida en Julio de 1907 ante la conferencia de La Haya. Los Estados Unidos colocados en la alternativa de permanecer a la cabeza del movimiento panamericano y sostener al mismo tiempo la cordialidad y buena fe que debe presidir las relaciones financieras de Europa y América, emitieron en interés propio por boca de su representante una proposición transaccional, según la que, en caso de conflicto, el recurso de arbitraje sería obligatorio para los Estados contendientes.

Doctrina de Tobar. Las frecuentes guerras civiles o revoluciones que agitan los Estados hispanoamericanos motivaron la doctrina sustentada por el ministro da Relaciones exteriores de la República del Ecuador doctor Carlos R. Tobar, ya citada en el Tratado de Derecho Internacional de Alejandro Álvarez, y discutida en distintos congresos científicos. Sostiene Tobar «que el mejor modo de poner fin a los violentos cambios de gobierno que, inspirados en la ambición, suelen perturbar el progreso y desarrollo de las naciones latinas americanas ocasionando sangrientas luchas civiles, consiste en negarse a reconocer los demás Estados al gobierno nacido de la revolución interinamente no demuestre contar con la voluntad del país».

Al reunirse en la conferencia de Washington en 1907 los representantes de las Repúblicas de América Central juntos con los delegados de Méjico y de los Estados Unidos, signaron en la convención adicional al tratado de paz y amistad celebrado, el siguiente artículo: «Los gobiernos de las altas partes contratantes no reconocerán ningún gobierno de las cinco Repúblicas nacido de un golpe de Estado o de una revolución hecha contra un gobierno reconocido, en tanto la representación del pueblo, libremente elegida, no haya reorganizado el país en la forma constitucional» cuyo precepto, como se ve, constituye la adopción de la doctrina expuesta, y por otra parte aceptada en el programa del primer congreso científico panamericano que se celebró en Santiago de Chile en 1908. Posteriormente (1913) con motivo de una nueva revolución estallada en Haití, notificaron de Washington que el gobierno de los Estados Unidos «no reconocería el gobierno de los rebeldes, aun en el caso de que derribaren al constitucional y legítimo». Lo cual es otra consagración práctica de la doctrina de Tobar.


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