Filosofía en español 
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Nacionalidad

Bajo esta expresión se quiere designar comúnmente la serie de factores conjuntados que constituyen o integran la “unidad moral” de la nación. En otra forma, se entiende que la nacionalidad expresa, como se ha dicho con acierto, “el conjunto de condiciones etnológicas, geográficas, históricas, culturales, morales y sociales que determinan una organización común independiente”; es decir, una unidad psicológica y moral. De acuerdo con ello, nación será “la misma nacionalidad constituida de hecho en una misma comunidad política, distinta e independiente”; es decir, una unidad política y social (→ Nación).

En el sentido indicado hay una clara correlación y hasta sinonimia entre los términos y las significaciones de nación y nacionalidad. Dicha sinonimia terminológica y dicha correlación significativa se completan con la que indica –en el mismo orden– la expresión Estado. Si la nacionalidad expresa la unidad psicológica, resultante del conjunto de factores indicados, y la nación indica la unidad social derivada de la misma, el Estado viene a ser “la misma comunidad política independiente, considerada en su estructura orgánica, en su gobierno y en el tejido de sus instituciones legales y oficiales”; es decir, como se ha escrito, “unidad orgánica y jerárquica”. Una sociedad política en la que intervienen el elemento territorial y el personal, cohesionados por un factor que es exigencia del orden político: la autoridad. El Estado, pues, es la personificación de la nación, de la misma manera que la nación expresa de hecho el sentido de la nacionalidad.

Se discute ampliamente el denominado principio de las nacionalidades. Constituye un problema de la filosofía política y del derecho, tenazmente te sostenido en la forma de resolución positiva por el liberalismo político moderno. (V. Liberalismo). Puede expresarse diciendo que “toda nación capaz de subsistir por sí misma tiene derecho a constituirse en Estado autónomo”. En este sentido, pues, el “principio de las nacionalidades” viene a ser una teoría del orden internacional –defendida, como dijimos, por el liberalismo–, que trata de “ajustar la esfera política de los Estados a las condiciones de nacionalidad de los pueblos”. Así se pretende dar a las naciones una base más natural, más históricocultural que la que resulta de la voluntad de los gobiernos, de los tratados diplomáticos o de los acuerdos internacionales. No hay que acudir a la justificación de la ocasión o de las conveniencias circunstanciales, sino al establecimiento de lo que corresponde naturalmente. El fondo de la doctrina no está desfundamentado; no se trata de una exageración total, ni mucho menos. Lo difícil –como se ha dicho cristianamente– “es determinar la base que resuelva el problema, un criterio cierto y seguro de de la nacionalidad”. O sea, no basta enunciar el principio; sería preciso poder determinar la fundamentación de hecho de la nacionalidad y, aun, en cada caso. El problema, por lo tanto, es complejo. ¿Qué criterio sería el preferible? Ni las condiciones geográficas, ni la raza, ni aun “consensus populi”, constituyen base suficiente de la nacionalidad, mucho menos aisladamente (o exclusivamente) considerados (→ Nación). Algunas veces los elementos determinativos poseen entre sí aspectos incompatibles, si no chocan ya en conjunto como factores opuestos. Las soluciones concretas, pues, son difíciles en grado sumo; el principio puede expresar en algún modo el ideal. Este “ideal”, como tal, no podrá presentarse como absoluto y aunque la justicia reclama que se tenga en cuenta la reivindicación de las nacionalidades, como un elemento importante, no puede admitirse absolutamente como una regla cierta ni un principio universal. El ideal indicado tiene cierta exigencia de cumplimiento, pero no siempre es preferible. El derecho a la nacionalidad debe ser justamente atendido, pero no siempre es posible cumplimentarlo “de hecho” en la vida de los pueblos ni su fundamentación –como decíamos– tiene carácter absolutamente moral. Filosófica y moralmente quizá podría decirse que no implica necesidad de hecho.

No puede negarse que la razón de tal idea es, en gran parte, ciertamente, justa. Su implantación inconcusa habría de traer forzosamente desarreglos en el orden establecido entre los pueblos, en virtud a veces de otros derechos. Se ha señalado que, prácticamente, la imposición radical del “principio de las nacionalidades” conduciría –lógica y naturalmente– a “la destrucción del orden político de casi todos los Estados, formados ordinariamente de varias nacionalidades”. Por otra parte, y muy importante –se añade por muchos tratadistas–, no puede decirse que (dicha ley, principio o ideal) se funde en sí mismo en la ley natural –en el orden natural establecido por Dios–, puesto que la nacionalidad no es precisamente la causa eficiente concreta de la sociedad civil. Así, por lo tanto, aunque su importancia es indudable, su valor no deja de ser relativo (→ Pueblo y Folklore).